Convocatoria “Fortalecimiento de la sociedad civil de San Luis Potosí para el desarrollo local”

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07 31, 2020 Programas y proyectos

Convocatoria

"Fortalecimiento de la sociedad civil de San Luis Potosí para el desarrollo local”

Convocatoria

 

 

 

 

 

 

 

 

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ConvocatoriaAnexo I. Propuesta de Síntesis

Antecedentes

México requiere acciones urgentes para reducir las brechas de desigualdad y superar la exclusión. San Luis Potosí se encuentra en un área geográfica con poblaciones que, por condición etaria, de sexo y de pertenencia étnica, viven en situación de pobreza, ausencia de seguridad social, servicios básicos, carencia alimentaria, rezago educativo, así como violaciones sistemáticas que obstaculizan el ejercicio de sus derechos humanos. Estas situaciones se agravan ante el contexto de emergencia sanitaria a causa del COVID-19.

Frente a estos problemas, los grupos de la sociedad civil organizada juegan un papel fundamental para promover la cohesión social y el desarrollo local. Su trabajo aporta a la recuperación del tejido social para el bien común, el desarrollo incluyente y respetuoso. A través de su trabajo se convierten en agentes principales de liderazgo para la transformación positiva de comunidades y personas. A su vez, estos grupos de la sociedad civil organizada también enfrentan necesidades como el fortalecimiento de conocimientos, capacidades temáticas, institucionales, organizativas, administrativas y de gestión, para impulsar Proyectos Sociales y de Desarrollo Local (PSyDL) de manera efectiva frente a las poblaciones con quienes trabajan. En este contexto, el proyecto “Fortalecimiento de la sociedad civil de San Luis Potosí para el desarrollo local”, impulsado por Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac), en el marco del Programa temático Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales 2014-2020 y de la iniciativa de la Unión Europea para “Fortalecer la acción de la sociedad civil para un México incluyente”.

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Sesió1

Sesión2

Sesión3

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Empleos falsos como forma de enganche en la trata de personas

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07 30, 2020 Notas de proyectos

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30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas

Empleos falsos como forma de enganche en la trata de personas

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Erradicar la trata de personas requiere garantizar, respetar y proteger derechos humanos (trabajo, seguridad social, salud, educación, alimentación y vivienda), condiciones mínimas para que las personas puedan desarrollar la vida. Sin embargo, arrastramos décadas de violaciones a derechos, mismos que favorecen otros problemas con efectos incuantificables, no solo para las víctimas, también para sus familias y comunidades.

       Organismos internacionales que documentan los efectos de la trata de personas (como la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas y la Coalición contra la Trata de Mujeres) señalan que una de las formas de enganche es la oferta de falsos empleos. Esta situación se incrementa cuando las comunidades enfrentan problemas estructurales como escasez de empleos, inestabilidad económica y violencia contra grupos específicos.

     La pandemia por el Covid-19 no solo trajo consigo decesos por el virus, también colocó de frente las condiciones precarizadas del empleo y la desatención a la garantía de un trabajo digno. En este contexto la trata de personas se cuela entre millones de personas sin derechos básicos y con escasas alternativas para emplearse. Por eso, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas es fundamental recordar la urgencia de redoblar esfuerzos y generar redes para alertar a las personas, ofrecer alternativas de erradicación del problema y asegurar el empleo digno. 

     Actualmente muchos trabajos, formales o informales, se suspendieron o perdieron para aminorar un problema de salud, sin considerar alternativas para compensar esas ausencias o las mejoras de empleos de por sí precarizados. Este escenario se presenta como ideal para que tratantes o redes de trata se anuncien en letreros en las calles o en redes sociales para ilusionar con empleos bien pagados, flexibles en horarios y dificultades para emplear a personas menores de edad. La Secretaría de Gobierno de México señala que los tratantes estudian los deseos y carencias de las personas que pretenden reclutar para luego persuadir con discursos o acciones que formen un vínculo de confianza entre quien engancha y la víctima.

     En México, es altamente probable que el enganche ocurra sobre todo cuando, organismos como el Observatorio de Trabajo Digno reportan que,  casi 32 millones de personas no perciben lo suficiente para adquirir la canasta básica para dos personas; 34 millones carecen de acceso a la salud; 18 millones tienen empleo sin contrato, indemnización, prestaciones o defensa en caso de despido injustificado. En la trata de personas las víctimas que engrosan las cifras son mujeres, niñas, niños y personas jóvenes pues son quienes resultan más vulnerables ante los problemas emergentes, por ejemplo, en el contexto del Covid19, el porcentaje de mujeres en situación de precariedad se duplicó en el país, esto, además del trabajo doméstico no remunerado que continúan ejecutando en sus hogares y que aumentó frente a las medidas sanitarias.

     Trabajo Digno señala también que las juventudes enfrentan, en comparación con las personas adultas, el doble de desempleo, desigualdad salarial, ausencia de seguridad social e inestabilidad en la contratación. 

     En tiempos de Covid-19, las personas con enfermedades crónicas o adultas mayores son una población vulnerable ante la enfermedad, mientras que las mujeres y personas jóvenes sin empleo o que viven “al día” corren un alto riesgo ante el enganche para la trata de personas. Esto frente a un sistema de educación, de seguridad pública y de asistencia social que no logran empatizar, o dimensionar siquiera, las dificultades que atraviesan personas jóvenes, mujeres, niñas y niños para encarar los problemas que trajo la pandemia.

     Frenar la trata de personas implica que distintos actores asuman tareas.

· Las organizaciones de la sociedad civil pueden prevenir y difundir información entre las personas y sus comunidades para reducir las formas de enganche.

· A los gobiernos, en sus distintos poderes y niveles, les compete por obligación frente a los derechos humanos, la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la trata. Otra tarea es favorecer la confianza ciudadana para la denuncia del delito, tarea que el estado debe abanderar, así como la garantía de derechos fundamentales para que las comunidades se fortalezcan y se reduzca el impacto de la explotación de personas desde la trata.

· Es urgente que, ante el desempleo, las instancias del trabajo acerquen opciones para desplazar el impacto de los falsos empleos en las calles y las redes sociales. Las instancias encargadas de transversalizar las perspectivas de juventudes, género e interculturalidad son fundamentales para lograr la inclusión de estas poblaciones y su salida de la marginación. A las instancias de seguridad y justicia les compete la atención jurídica pronta para las personas, familias y comunidades afectadas por la trata o la explotación. Mientras que, para las instancias encargadas de brindar asistencia social, erradicar la trata, implica no sólo conocer el tema, también generar medidas para brindar derechos fundamentales y favorecer el reconocimiento de las poblaciones más desfavorecidas como titulares de derechos.

· Las personas y las comunidades tambien pueden generar estrategias de autocuidado frente a la trata de personas, una forma es difundir la información a sus círculos cercanos, dialogar sobre el problema y las formas de enganche que se han documentado.

Una de esas formas de enganche es la oferta de falsos empleos y algunas alternativas para evitar más víctimas en la trata son:

· Verifica que la publicidad muestre datos de la empresa que contrata. En ocasiones solo se señala “por apertura empresa solicita” y esto impide que las personas hagan una búsqueda alternativa para identificar si la empresa es real, su ubicación, su historia y otros datos.

· Consulta en redes sociales o en el buscador, los datos de la empresa contratadora para confirmar si la oferta es real, o si existen denuncias acerca de la empresa como un falso empleo.

· Algunas veces, los falsos empleos solicitan discreción, persuaden para citar a las personas solas, o realizan citas en lugares poco convencionales (lugares aislados, con mínimo tránsito, frente a establecimientos que no se vinculan al empleo, en avenidas de rápido acceso o espacios que no son el lugar donde se desarrollará el trabajo).

· Si la persona que solicita el empleo no ofrece detalles de las actividades, del lugar de trabajo y solicita disposición para cambiar de residencia, puede ser un falso empleo.

Este 30 de julio, desde #CeroTrata reiteramos nuestro compromiso para coadyuvar en  construir una sociedad que posea condiciones reales de ejercicio de derechos humanos que nos permita decir frente a la trata #NoCaeré

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Observária Juventudes, Espacio público y DDHH. No.4

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07 10, 2020 Juventud y participación

Observária No.4

Identidades políticas juveniles: la resistencia de América Latina y su transformación en tiempos de #COVID19

Al proponer esta revista tuvimos claridad sobre distintos elementos:

• Enfocada a divulgar temas acerca de derechos humanos, juventudes y espacio público.

• Construir este espacio junto a personas que se adscriban en organismos de la sociedad civil, en México y otras regiones de Latinoamérica.

• Mirada reflexiva sobre los contenidos que incluye con perspectivas (de género, derechos humanos, juventudes, interculturalidad).

• Posicionar una reflexión analítica en torno a problemas comunes, para abonar a la construcción y evaluación de políticas públicas.

• Y, por último, ofrecer un espacio para visibilizar el protagonismo de la sociedad civil, los temas que impulsa y la información que genera.

Cada número de la revista plantea un objetivo y líneas temáticas, divididas en 3 secciones, opinión, investigación y en acción.

Lee completa la revista no.4 de Observária

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Informe sobre Trata de Personas: Modalidades de Enganche en los Estados de SLP, Zacatecas y Tamaulipas

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07 09, 2020 Informes

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Informe sobre Trata de Personas: Modalidades de Enganche en los Estados de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas

La trata de personas ha crecido de forma exponencial en nuestro país. México se ha propuesto, desde el 2003 que ratifico El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres, niñas y niños, conocido como Protocolo de Palermo, realizar acciones para prevenir, sancionar y erradicar dicho delito. Las acciones han ido desde la formulación de leyes hasta políticas públicas de largo aliento, sin embargo, es uno de los delitos que siguen ocurriendo en este país. El objetivo del informe es presentar una investigación documental y etnográfica sobre el fenómeno de trata de personas y sus modalidades de enganche para someter a personas jóvenes a explotación sexual y trabajos forzados.

Leer completo el informe: aquí

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Protocolo de atención para casos que se presenten a través del uso de SINDEA

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06 26, 2020 Programas y proyectos

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Protocolo

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Protocolo de atención para casos que se presenten a través del uso de SINDEA

Las detenciones arbitrarias son una práctica de las instituciones del Estado —policías municipales, estatales o federales, corporaciones militares, entre otras— que violenta los derechos humanos de las personas jóvenes en el espacio público de manera sistemática, es decir, en distintos niveles de la vida de las personas jóvenes. Las juventudes son un grupo en situación de vulnerabilidad frente a este tipo de prácticas policiales debido a la dinámica de criminalización1 de la identidad juvenil y a su uso del espacio público, este mantiene una estrecha relación con la construcción de identidad, pues es el lugar común en el que las personas jóvenes se reúnen, socializan, conviven, comparten y se encuentran con sus pares, generando sentido de pertenencia y apropiación (Educación y Ciudadanía A.C., 2017).

1 Es juzgar y señalar como “problemáticas” a las personas jóvenes, señalando aquellas prácticas juveniles que rompen con la dinámica de control ejercido por la figura adulta y que se manifiesta en el actuar de las instituciones, tales como aquellas de interés público.

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Los Derechos Humanos NO están en cuarentena

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06 08, 2020 Boletines de prensa

Los Derechos Humanos NO están en cuarentena

8 de junio, 2020

Desde marzo las organizaciones que firmamos este comunicado, a través de diversos pronunciamientos declaramos que atender un problema sanitario con medidas de seguridad pública, más que una alternativa, era un riesgo para la sociedad y los derechos humanos. Señalamos que la intervención de los cuerpos de seguridad pública o la Guardia Nacional en la contingencia sanitaria suponía un problema porque carecen de capacitación para la proximidad social o para desplegar estrategias de prevención ante el Covid-19.

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Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias (ONDA)

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

#SinDetencionesArbitrarias

#JusticiaParaGiovanni       #JusticiaParaOliverLopez

Pronunciamiento

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PRONUNCIAMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL SOBRE DETENCIONES ARBITRARIAS FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19

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04 21, 2020 Notas de proyectos

PRONUNCIAMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL SOBRE DETENCIONES ARBITRARIAS FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19

“LOS DERECHOS HUMANOS NO ESTÁN EN CUARENTENA”

En México y en el mundo estamos viviendo una situación muy delicada por la pandemia del COVID-19, eso es indiscutible desde el ámbito de la salud. Pero también sabemos que este escenario no solo repercute en la salud de la población, sino también en los ámbitos económico, cultural y social. Y, con la excusa de salvaguardar la salud, se pueden restringir los ya de por si debilitados derechos humanos.

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Pronunciamiento

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Observária: Juventudes, Espacio público y DDHH. No.3

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03 30, 2020 Juventud y participación

Detenciones arbitrarias a personas jóvenes: la deuda pendiente del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

El presente número de la Revista Observária. Juventudes, Espacio Público y DDHH pretende colocar la discusión sobre la deuda que tiene el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA) y el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), pues como veremos en los siguientes artículos, las detenciones arbitrarias (DA) siguen ocurriendo en el espacio público, además, a inicios del presente año, el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, fue ampliado, violando el derecho al debido proceso de las personas en conflicto con la ley. Aunado a esto, aún falta capacitación de los operadores del sistema de justicia en materia de juventudes y género, por ejemplo, no en todos los Estados se cuenta con jueces especializados y mecanismos que puedan dar seguimiento a las Unidades de Medidas Cautelares (UMECAS) para las personas jóvenes que no se encuentran en internamiento. Asimismo, personas entre los 18 a 29 años son juzgadas como adultos perdiendo toda la posibilidad de reinsertarse a la sociedad, demostrando la ausencia de perspectiva de juventudes.

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Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP

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03 18, 2020 Notas de proyectos

Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP

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Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP

La Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es un proyecto colectivo que, bajo la coordinación del Dr. Guillermo Luévano Bustamante y con apoyo de diversos actores políticos y académicos, así como estudiantes de licenciatura y maestría, busca la enseñanza y práctica del Derecho desde una perspectiva crítica de derechos humanos con la postulación de casos relevantes que impliquen graves violaciones cuya resolución pueda sentar algún precedente judicial que contribuya a la investigación o documentación académica o a la visibilización de las negligencias por parte de los diversos niveles de gobierno en el sistema jurídico nacional o internacional.

Desde enero de 2014, esta Clínica de Litigio Estratégico ha trabajado comprometidamente en la promoción y defensa de los derechos humanos de manera integral e interdisciplinaria, buscando siempre los vínculos sociales que se establecen con las y los usuarios de la asesoría legal gratuita brindada por ésta. La Clínica atiende casos que se consideren “no tradicionales”, cumpliendo cierto tipo de requisitos: que el caso implique violaciones a derechos humanos; que las y los usuarios pertenezcan a una población históricamente reconocida como vulnerada; que no se tenga la solvencia económica para pagar una defensa legal; y, que la resolución del asunto implique un precedente para discusiones futuras en materia de derechos humanos o sea de alto impacto social.

La Clínica de Litigio Estratégico ha atendido diversos casos de violaciones a derechos humanos de diversas poblaciones vulneradas como migrantes, jornaleros, pueblos y comunidades indígenas, mujeres, ejidatarios y campesinado y comunidad LGBTTTIQ. En esta defensa se han obtenido logros que se consideran relevantes:

- En materia de derechos laborales, desde 2014 se acompañó legalmente a jornaleros indígenas provenientes del estado de Guerrero contra la patronal “Rancho El Ebanito”, debido a un accidente de trabajo que produjo la muerte de 3 menores y 18 persona heridas, buscando condenar al pago de indemnizaciones. Tras cinco años de estrategia y lucha judicial, a través de un amparo directo ante el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, en 2019 se logró la protección a las familias de los menores, pues dicho Tribunal ordenó a la Junta de Conciliación y Arbitraje emitir una nueva sentencia condenando a la patronal al pago de las indemnizaciones.

- Para la defensa de los pueblos y comunidades indígenas en el estado de San Luis Potosí, en 2016 se logró el reconocimiento del derecho a una consulta previa, libre e informada a la comunidad Mazahua, extendiendo el efecto de la sentencia a todas las comunidades indígenas en el Estado para ser consultadas para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Estas comunidades no fueron consideradas a pesar de encontrarse mandatado en la Ley de Consulta Indígena del Estado, vulnerando el derecho a la participación política en la toma decisiones que afecten a su entorno, estos consagrados en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y diversas legislaciones locales.

- En defensa de la Comunidad LGBTTTIQ, a través de una controversia familiar ante el Poder Judicial de Estado, en 2017, tras dos años de combate, se logró la rectificación de un acta de nacimiento de una persona transgénero, reconociendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad y expresión de género.

- En materia de derecho ambiental, tras una lucha que empezó en 2016, a través de la organización y denuncia social así como de la estrategia legal, en 2018 los Jueces Segundo y Cuarto de Distrito de Noveno Circuito fallaron a favor de las y los habitantes del municipio de Santo Domingo contra la instalación de un basurero de desechos industriales y mineros del Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, S.A. de C.V., considerando que los permisos se encontraban en calidad de ilegales y la manifestación de impacto ambiental de dicho proyecto incumplía los requisitos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Al ser este un proyecto colectivo, la Clínica trabaja con apoyo de organizaciones de la sociedad civil y académicas, así como de estudiantes de la licenciatura en Derecho y de la Maestría en Derechos Humanos que día a día se forjan con casos prácticos reales en la búsqueda de aprendizaje, entendimiento y ejercicio de su carrera. Es importante para este proyecto que las y los integrantes se muestren sensibles ante las problemáticas que se presenten, pues serán quienes brinden su conocimiento y se mantendrán en contacto directo con las y los usuarios para apoyarles en la defensa de sus derechos.

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Los Derechos de los Pueblos Indígenas en San Luis Potosí

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02 13, 2020 Notas de proyectos

Los Derechos de los Pueblos Indígenas en San Luis Potosí

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Los Derechos de los Pueblos Indígenas en San Luis Potosí

 

De acuerdo con el Padrón de Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí (2013) “[l]a presencia indígena en San Luis Potosí se puede caracterizar, en primer término, por su peso demográfico, ya que de cada 100 potosinos 15 son portadores de una cultura indígena. […] De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que la población indígena es de 348,551 personas que representan al 15.2% de la población total del estado". Al mismo tiempo el Censo del 2000 estableció que 235 mil 253 personas son Hablantes de una Lengua Indígena, representando con ello a más de 11% (por ciento) de la población estatal. En ese mismo sentido merece señalarse que San Luis Potosí es parte del grupo de nueve estados con mayor concentración de población indígena en México.

En el estado habitan hablantes de 36 lenguas indígenas, tres son autóctonas del estado. Sobresale el náhuatl, con 58.9% del total de hablantes, le sigue el teenek o huasteco con el 37.1% y el xi´oi o pame con el 3.4 %.

De acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2016 existían 172 mil 290 personas de 3 años y más hablantes de lenguas indígenas que viven en situación de pobreza, esta cifra representa el 83.9 % del total de esta población. Estos datos están por encima de los que presenta la población no hablante de lengua indígena, además de ubicar a San Luis Potosí en el lugar 6 de los estados con mayor situación de empobrecimiento en su población indígena. (Perfil Sociodemográfico de la Población Indígena en el Estado de San Luis Potosí, Consejo Estatal de Población, 2018).

Desde hace más de 30 años se establecieron en la capital tres grupos indígenas; que, si bien son originarios de otros estados del país, no pierden sus formas de convivencia y han replicado sus comunidades y a sus autoridades, y no por ello dejan de tener derechos a la protección. Estas comunidades indígenas son la Mixteca Baja (ÑuuSavi), la comunidad Mazahua y la Triqui.

Existe un catálogo de Derechos Indígenas contenidos en varios instrumentos, desde tratados internacionales hasta leyes locales, pasando por la Constitución Federal y Local. Todos ellos concuerdan en varios puntos: que las comunidades indígenas o pueblos originarios o tribales (la denominación no difiere en nada sustancialmente) han sido históricamente excluidas por los Estados (o por quienes ostentaron el poder de decidir quién era valioso para la comunidad política y quién no y por ende se podía disponer de ellas y ellos) e incluso, en algunos casos, se ha buscado su desaparición, sea por prácticas de exterminio o por eliminación de sus prácticas culturales.

Existe una situación de desigualdad que impide a este sector poblacional disfrutar de los mismos derechos que el resto de la sociedad. Ante esto, los Estados tiene la obligación de garantizar el disfrute de todos los derechos sin que ello signifique una pérdida de su identidad indígena, por lo que ciertas acciones del Estado deben adecuarse a la forma de vida propia de las comunidades indígenas. Entre estos derechos está a la no discriminación, la autodeterminación de los pueblos y comunidades, los culturales a preservar y promover su lengua, formas de vida, de organización, sus sistemas normativos propios, a ser consultados en caso de decisiones estatales que afecten o pretendan realizarse en sus tierras o que afecten en su vida diaria (leyes, programas sociales, políticas públicas de desarrollo municipal), a la participación política en la vida pública, entre muchos otros.

Ejemplo de este Marco Legal Internacional y Nacional de Derechos son el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo 2 de la Constitución Federal, el artículo 9 de la Constitución Local, la Ley Reglamentaria del artículo 9 Constitucional Local (Sobre los Derechos y la Cultura Indígena), La Ley de Consulta Indígena Local, el Padrón de Comunidades Indígenas en el Estado De San Luis Potosí, el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, (que si bien no son ordenamientos jurídicos aportan información valiosa del contexto histórico-social y otros fungen como herramientas para quienes imparten justicia, de quienes depende, en última instancia, la eficacia de los derechos indígenas), por citar algunos de relevancia.

 

FUENTE: Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2019), datos internos.

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