Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP
Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP
La Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es un proyecto colectivo que, bajo la coordinación del Dr. Guillermo Luévano Bustamante y con apoyo de diversos actores políticos y académicos, así como estudiantes de licenciatura y maestría, busca la enseñanza y práctica del Derecho desde una perspectiva crítica de derechos humanos con la postulación de casos relevantes que impliquen graves violaciones cuya resolución pueda sentar algún precedente judicial que contribuya a la investigación o documentación académica o a la visibilización de las negligencias por parte de los diversos niveles de gobierno en el sistema jurídico nacional o internacional.
Desde enero de 2014, esta Clínica de Litigio Estratégico ha trabajado comprometidamente en la promoción y defensa de los derechos humanos de manera integral e interdisciplinaria, buscando siempre los vínculos sociales que se establecen con las y los usuarios de la asesoría legal gratuita brindada por ésta. La Clínica atiende casos que se consideren “no tradicionales”, cumpliendo cierto tipo de requisitos: que el caso implique violaciones a derechos humanos; que las y los usuarios pertenezcan a una población históricamente reconocida como vulnerada; que no se tenga la solvencia económica para pagar una defensa legal; y, que la resolución del asunto implique un precedente para discusiones futuras en materia de derechos humanos o sea de alto impacto social.
La Clínica de Litigio Estratégico ha atendido diversos casos de violaciones a derechos humanos de diversas poblaciones vulneradas como migrantes, jornaleros, pueblos y comunidades indígenas, mujeres, ejidatarios y campesinado y comunidad LGBTTTIQ. En esta defensa se han obtenido logros que se consideran relevantes:
– En materia de derechos laborales, desde 2014 se acompañó legalmente a jornaleros indígenas provenientes del estado de Guerrero contra la patronal “Rancho El Ebanito”, debido a un accidente de trabajo que produjo la muerte de 3 menores y 18 persona heridas, buscando condenar al pago de indemnizaciones. Tras cinco años de estrategia y lucha judicial, a través de un amparo directo ante el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, en 2019 se logró la protección a las familias de los menores, pues dicho Tribunal ordenó a la Junta de Conciliación y Arbitraje emitir una nueva sentencia condenando a la patronal al pago de las indemnizaciones.
– Para la defensa de los pueblos y comunidades indígenas en el estado de San Luis Potosí, en 2016 se logró el reconocimiento del derecho a una consulta previa, libre e informada a la comunidad Mazahua, extendiendo el efecto de la sentencia a todas las comunidades indígenas en el Estado para ser consultadas para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Estas comunidades no fueron consideradas a pesar de encontrarse mandatado en la Ley de Consulta Indígena del Estado, vulnerando el derecho a la participación política en la toma decisiones que afecten a su entorno, estos consagrados en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y diversas legislaciones locales.
– En defensa de la Comunidad LGBTTTIQ, a través de una controversia familiar ante el Poder Judicial de Estado, en 2017, tras dos años de combate, se logró la rectificación de un acta de nacimiento de una persona transgénero, reconociendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad y expresión de género.
– En materia de derecho ambiental, tras una lucha que empezó en 2016, a través de la organización y denuncia social así como de la estrategia legal, en 2018 los Jueces Segundo y Cuarto de Distrito de Noveno Circuito fallaron a favor de las y los habitantes del municipio de Santo Domingo contra la instalación de un basurero de desechos industriales y mineros del Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, S.A. de C.V., considerando que los permisos se encontraban en calidad de ilegales y la manifestación de impacto ambiental de dicho proyecto incumplía los requisitos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Al ser este un proyecto colectivo, la Clínica trabaja con apoyo de organizaciones de la sociedad civil y académicas, así como de estudiantes de la licenciatura en Derecho y de la Maestría en Derechos Humanos que día a día se forjan con casos prácticos reales en la búsqueda de aprendizaje, entendimiento y ejercicio de su carrera. Es importante para este proyecto que las y los integrantes se muestren sensibles ante las problemáticas que se presenten, pues serán quienes brinden su conocimiento y se mantendrán en contacto directo con las y los usuarios para apoyarles en la defensa de sus derechos.