Este año, la contingencia derivada por el Covid-19 aceleró los análisis que generalmente se colocan en del día internacional de las juventudes. A los pocos días de la declaración de alerta sanitaria en México, fue evidente el recrudecimiento de la precarización en la vida de mujeres y hombre jóvenes. Pero la pandemia también evidenció los fallos, omisiones y obsolencias de políticas públicas con bases adultocéntricas, que se reproducen desde hace décadas y sin respaldo de los grupos a quienes se dirige. Ante esta situación, corresponde a instituciones y actores sociales replantear, innovar y ejecutar acciones con perspectiva de juventudes que signifiquen oportunidades inmediatas para que mujeres y hombres jóvenes surjan resilientes ante esta crisis.
Antes del confinamiento la brecha de desigualdad que experimentaban las juventudes ya era alarmante, sobre todo por la discriminación por condición de edad, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), en 2017. Prejuicios como irresponsabilidad, inexperiencia, conflictividad les convierten en blanco de discriminación, exclusión social, económica y política, que se refleja cuando las personas deciden no alquilar un bien, negar un empleo, disminuir el salario, así como solicitar una patrulla si ven a un grupo de personas jóvenes en la vía pública. Eso sin contar problemas como el reclutamiento para actividades criminales, la oferta de sustancias psicoactivas ilegales, la trata de personas, la migración, que recrudecen los contextos de las juventudes, indígenas, rurales, campesinas y de zonas urbanizadas. Tan solo en 2017 teníamos conocimiento de la disminución del empleo formal de 58,6% (2009) a 57,2% (2017) de acuerdo con CONEVAL y en 2018 plataformas como Uber, Rappi, entre otras, aparecieron como alternativas de empleo pero con una contribución alta a la precarización laboral por la ausencia de seguridad social.
Las mujeres jóvenes además, denunciaban la violencia de género en todos los espacios, privados y públicos, como escuelas, calles, instituciones y el ámbito laboral. El impacto de esta violencia se refleja cuando nuestro país se coloca en la tasa de participación femenina más baja de Latinoamérica (OIT, 2018). Mientras que términos como “ninis”, además de estigmatizantes, omitían que son las jóvenes quienes enfrentaban 4 veces más probabilidad de caer en dicha categoría que los hombres (OCDE, 2016). Y a la par, políticas como “Jóvenes Transformando el Futuro” tampoco mostraron sensibilidad frente a la brecha de género, pues se vinculó a las mujeres jóvenes con oficios de cuidado, reforzando roles de género (REDefine, ILSB 2019), o bien, sin facilitar la vinculación a servicios de atención, como guarderías gratuitas para las mujeres que realizan labores de cuidado (CEEY 2019). Además de las dificultades para atender el alto índice de embarazo adolescente y la presencia de autoridades que violan los derechos sexuales, reproductivos así como el estado laico.
Años atrás se proyectaba la necesidad de atender problemas concretos de las juventudes. En 2016, el documento ¿Qué funciona y qué no en el desarrollo laboral juvenil? Destacó que el 42.9% de personas jóvenes en México vivían pobreza y entre las causas principales de este problema se encontraban la ausencia de experiencia laboral, la baja calidad del nivel educativo, la deserción escolar, el escaso desarrollo de habilidades socioemocionales, condiciones que se suman a la avalancha de causas que engrosan la pobreza.
Durante la cuarentena la vulneración a las juventudes es imposible obviar. El diario Whashington Post señaló, en abril, que para los países en desarrollo no aplicaba el supuesto de que el virus solo mata a personas adultas mayores, pues personas jóvenes morían también o sobrevivían bajo secuelas graves[1]. Documentó que en México un cuarto de decesos por Covid-19 eran de personas entre 25 y 49 años. Esto coincide con los reportes del gobierno federal donde los rangos de edad más altos con personas enfermas por Covid (hospitalizadas o ambulatorias) están entre los 25 y 69 años[2]. Los reportes sobre SLP también aumentan en los casos ambulatorios en un rango de 25 a 49 años, mientras que en personas hospitalizadas de 55 a 64 años.
Si bien, la normativa sobre juventudes determina que el rango de edad es de los 12 a 29 años, tampoco existe diferencia sustancial entre quienes van de los 30 a los 49 años de edad, pues tampoco es que automáticamente accedan a derechos como el empleo, seguridad social, o posibilidades para quedarse en casa durante una cuarentena. Y es que los derechos no asegurados para las personas cuando son jóvenes impactan también en su etapa adulta, por eso sus problemas nos impactan, incluso si no estamos en esa categoría.
El daño que el Covid genera sobre personas jóvenes no se debe a una mutación del virus en los países en desarrollo o empobrecidos, sino a las condiciones estructurales que ya limitaban la vida de las juventudes y les impiden poseer una salud integral que les permita resistir el azote del virus. La pobreza también impide prevenir, de mejor manera, el contagio por el virus. Coneval anunció en mayo de 2020, que la pobreza oscilará entre 6.1 y 10.7 millones de personas y quienes en 2018 no eran pobres ahora están en riesgo de serlo. Y en esta posibilidad, las mujeres continúan en mayor desventaja, pues sus condiciones de trabajo, de por sí precarias, se vuelven extremas con el aumento de horas laborales en casa, el trabajo remoto, las labores de cuidado y con ello los riesgo de contagio se acrecientan. Esta información se puede proyectar con la herramienta de visor geoespacial de la pobreza y la Covid-19 en los municipios de México , elaborado por el mismo Coneval que integra datos como sexo, edad, pertenencia indígena, etc para dar cuenta de los grupos poblacionales más afectados y sus condiciones[3].
UNFPA resalta la crisis que enfrentan las juventudes y las condiciones que giran en torno a la pobreza. Entre ellas la escasa sensibilidad de muchas instituciones educativas para comprender la incertidumbre y las carencias materiales de sus estudiantes, la dificultad para alentar la formación escolar incluso en tiempos de pandemia, o para acompañar las nuevas formas de educación a distancia y ofrecer alternativas en espacios donde no existe internet, equipos de cómputo o televisiones. Otras medidas de los gobiernos resultaron en acciones de represión, violaciones a derechos humanos (como el libre tránsito o la no discriminación) como los casos de detenciones arbitrarias y sus efectos ocurridas en Tijuana, Baja California; Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco y; en Ciudad Juárez, Chihuahua. Situaciones que parecen no ser suficientes pues las medidas violatorias a derechos humanos (como el tránsito o la no discriminación) continúan aprobándose bajo pretexto de pandemia, e incluso cuando la federación señala que el territorio mexicano no es un estado de excepción y no se requieren desplegar acciones de Seguridad Pública para atender el problema sanitario.
Las alertas de violencia de género no desaparecieron con el Covid, por el contrario, el consumo de pornografía infantil aumentó en el país y la trata de mujeres encuentra alternativas en las redes para enganchar y desaparecer mujeres. Igual de lamentable es no prever la atención de los problemas psicosociales de las personas jóvenes, aquellos que existían antes de la pandemia y los que surgirán. Es preocupante colocar atención a ofrecer alternativas para que las personas jóvenes no interrumpan sus trayectorias de vida.
Como sociedad civil ocupamos apelar a la creatividad que caracteriza nuestras intervenciones en territorios para continuar haciendo lo que hacemos y prevenir el contagio del virus. Es necesario confiar en que podemos fortalecernos entre nosotras para que los recursos y acciones se traduzcan en oportunidades inmediatas para las personas en mayor rezago, entre ellas las jóvenes. Frente a la crisis que proyectan los analistas, existe otro discurso y reitera que hacer frente a este problema requiere que las personas reconocidas como sujetas de derecho y en colaboración para sostener lo comunitario y construir oportunidades de impacto inmediato.
Ahora es más necesario tejer puentes de colaboración con actores gubernamentales, el sector privado y la academia que muestren interés por revertir la brecha de desigualdades. Estamos a tiempo para abrevar de la experiencia, mirar y encontrar soluciones de intervención en esos diagnósticos, evaluaciones a políticas e investigaciones que dan cuenta de las necesidades de las juventudes en cada territorio del país, para luego situarlos en el contexto de pandemia.
A todos los actores de la sociedad civil que generamos espacios para que las personas jóvenes se reconozcan como agentes de cambio y sujetos de derecho, este año nuestro trabajo requiere alta colaboración y diálogo intergeneracional para no aceptar una cuarentena con personas jóvenes en depresión, incertidumbre e inestabilidad para acceder a derechos básicos, como la alimentación, salud, educación y vivienda. Desde acá nos sumamos, acompañamos y continuamos trabajando para que las juventudes no den marcha atrás en sus derechos conquistados.