Por: Sofía Córdova

El concepto información pública forma parte del vocabulario del aparato gubernamental y de la sociedad civil, pero ha tenido serias dificultades para ser un concepto de dominio público, para formar parte del lenguaje cotidiano de las ciudadanas y los ciudadanos. Esta idea, de que lo público se piense como público, parte quizá, del estado imaginado del ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales y de un Estado democrático.

Pero, ¿a qué nos referimos con esto?

La información pública, desde un sentido llano, son aquellos datos producidos en el marco de la actividad del servicio público; es aquella información que da cuenta de la administración pública, del funcionamiento del gobierno, del uso de los recursos, de las planeaciones y programas. El acceso a la información pública permite obtener datos en torno al sueldo de los funcionarios; a la cantidad de beneficiarios de determinado programa; a la cantidad y contenido de las reuniones de comisiones, comités, consejos; a las metas gubernamentales, etc.

Pero, ¿para qué y a quién le interesa saber esto?

Pensamos que para responder a esta pregunta es necesario regresar a una idea que le antecede. Para hablar de información pública resulta necesario hablar primero, de las construcciones que se formulan en torno al Estado, a la toma de decisiones en el ámbito público y al gobierno y su relación con la ciudadanía. En este sentido, es fundamental colocar sobre la mesa tanto la distancia existente entre el gobierno y las y los ciudadanos; como la forma que tenemos de mirar a las estructuras verticales de poder.

Mientras no se asuma que el gobierno y sus acciones son de orden público y que deben de responder a las necesidades y demandas sociales, así como a la participación ciudadana, difícil será exigir la rendición de cuentas; y de ella, en gran parte, depende un gobierno democrático, al igual que de la transparencia. Es tan sencillo como pensar en la necesidad de saber el uso que se le da a nuestros impuestos; y de pronto, en determinados contextos, esta pregunta parece difícil de responder. La idea entonces, consiste en buscar las formas de reducir estas brechas.

Las Leyes de Acceso a la Información Pública derivan de y han traído consigo una serie de debates importantes. Lo que es real, es que este proceso y tendencia mundial que va encaminada a desarrollar mecanismos de transparencia, es algo que implica retos para nuestro país. Es un avance contar con estos mecanismos, sin embargo, hay una lista larga de elementos por atender para poder hablar de gobiernos transparentes.

Pongamos un ejemplo. Según el portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del gobierno de San Luis Potosí, el sueldo del gobernador es el doble de lo que gana el Presidente de la CEDH de San Luis Potosí. Por otra parte, el Secretario de Gobierno, el Procurador General de Justicia y la Directora del iNPOJUVE ganan cerca del 31% de lo que gana el Lic. Morán (Presidente de la CEDH). Los sueldos mensuales de estos funcionarios públicos son:

Puesto	Sueldo
C. Gobernador	$165,183 *
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí	$80,661
Secretario de Gobierno	$26,352**
Procurador General de Justicia	$25,853**
Director del Instituto Potosino de la Juventud	$25,060**

*Dato obtenido del tabulador de sueldos 2011 para puestos de confianza.
**Sueldo neto mensual.

Hasta aquí todo va bien, pues si bien es que gracias a estos mecanismos se pueden elaborar notas como ésta  http://www.lajornadasanluis.com.mx/2012/08/02/pol11.php , así como otro tipo de análisis y documentos; es importante mencionar que al trabajar esta tabla de sueldos, estuvo presente cierto escepticismo y es en él donde encontramos asuntos por atender.

Explico: a esta lista de sueldos hay que agregar, por ejemplo, las prestaciones, el dinero que se asigna para viáticos y los gastos de representación; por lo que nos atrevemos a decir que los ingresos mensuales de los funcionarios, pueden ser más altos. No obstante, lo que por obligación reporta el gobierno, responde a las acciones que se encuentran en el marco de la legalidad. El escepticismo deviene al pensar en aquellas posibles transacciones monetarias que pueden tener lugar fuera de la ley, y pensarlo, no cosa nueva ni exclusiva de quien escribe.

La distancia entre el gobierno y la ciudadanía tiene lugar también en la desconfianza institucional, ésta no es resultado de la nada. El acceso a la información pública es un avance, pero no ha sido suficiente para garantizar la transparencia en el ejercicio y quehacer público; el acceso a la información pública no debe de ser el único esfuerzo, pero sí un mecanismo útil para ejercer presión, para ejercer el derecho a la información pública y hacer tangible la idea de que la ciudadanía tiene la obligación, capacidad y posiblidad de vigilar un poco más de cerca, las acciones gubernamentales.
Construir la noción en torno a la información pública como un recurso de monitoreo y vigilancia ciudadana, pasa por acciones que involucran a todos los sectores de la sociedad. Ojo Ambulante se suma a la idea de que, mientras no se utilicen estos recursos, no se presione y no se movilice la sociedad civil (en un primer momento), se ponen en juego los principios que motivan las iniciativas para garantizar el acceso a este tipo de información, de tal manera que puedan ser utilizados o sustituidos por intereses menos democráticos.

Visita y explora: http://transparencia.slp.gob.mx/transparencia/