Monitoreo a la Comisión para la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Personas en el Estado de SLP

El monitoreo ciudadano constituye una de las principales acciones que la sociedad civil organizada debe de emprender para incidir en políticas públicas. Durante el segundo semestre del 2012, Cero Trata realizó un primer ejercicio de monitoreo a la Comisión para la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Personas en San Luis Potosí tomando como referencia la normatividad correspondiente con la finalidad de identificar avances, logros, obstáculos y dificultades en la instrumentación de la política pública relacionada con el tema para emitir recomendaciones y promover la incidencia.

Los objetivos específicos de este ejercicio de monitoreo fueron los siguientes:

Identificar las acciones realizadas por la Comisión según la ley estatal así como aquellos factores que facilitan o dificultan la instrumentación de la normatividad en términos orgánicos.

Elaborar un balance sobre el cumplimiento de las acciones realizadas por las instancias responsables en materia de prevención, atención y erradicación de trata de personas tomando como referencia la Ley y el Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el estado.

Analizar aciertos, dificultades y capacidades institucionales con las que cuentan los actores involucrados para la implementación de la política pública relacionada con la trata de personas.

Promover un trabajo colaborativo entre las instancias que forman parte de la Comisión y la sociedad civil que facilite la articulación para el posterior trabajo en conjunto.

Comisión para la Prevención, atención y erradicación de la trata de personas en el estado de San Luis Potosí

Esta comisión responde al artículo noveno de la ley para prevenir, atender y erradicar la trata de personas en San Luis Potosí. Tiene por objeto la prevención del delito de trata de personas, la atención, protección y asistencia a las víctimas, el fortalecimiento de las acciones tendientes a erradicarla, definir responsabilidades de cada una de las instituciones públicas y el fomento de la participación ciudadana en las políticas, programas y acciones institucionales relacionadas a la prevención, atención, combate y erradicación de este delito. El titular del Poder Ejecutivo está obligado a coordinar las acciones de las dependencias que la integran, para elaborar y poner en práctica el Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas (PEPAETP).

Es presidida por el Secretario General de Gobierno, cuenta con una Secretaría Técnica a cargo del Secretario de Seguridad Pública del Estado y el resto está compuesta por los titulares de las siguientes dependencias:

Procuraduría General de Justicia
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado;
Secretaría de Turismo;
Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
Secretaría de Desarrollo Social y Regional;
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos;
Secretaría de Salud – Servicios de Salud;
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;
Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social, que actualmente pertenece a la SSPE;
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia;
Instituto de las Mujeres en el Estado;
Instituto Estatal de Atención a Migrantes;
Instituto Potosino de la Juventud;
Consejo Estatal de Población;
Coordinación para la Atención de Pueblos Indígenas;
Centro de Atención a Víctimas del Delito;
Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado, y
Los ayuntamientos, uno que represente cada una de las cuatro zonas del Estado.

Esta Comisión se instaló el 26 de abril del 2011, lleva casi dos años trabajando y durante este período se elaboró el PEPAETP 2011, tras un proceso de capacitación en conjunto con organismos de la sociedad civil, académicos y especialistas en el tema provenientes de organismos internacionales; finalmente se publicó el 27 de marzo del 2012. De igual forma, la publicación del Reglamento de la Ley –ya aprobado– está en puerta; y la Comisión, a través de la colaboración entre dependencias, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la articulación del Consejo Estatal de Población del Estado (COESPO), concluye el Diagnóstico de la trata de personas en la Huasteca Potosina como una forma de violencia contra las mujeres.

El trabajo de la comisión y su funcionamiento

El derecho al acceso de información pública nos facilitó conocer el registro de las actividades realizadas por la Comisión -desde meses previos a su instalas actividades realizadas por la Comisión -desde meses previos a su instalación, hasta septiembre del 2012-, las cuales incluyeron oficios, minutas y listas de asistencias.

Contabilizamos un total de 23 reuniones, cuatro de carácter protocolario, a las que mayoritariamente asistieron los titulares de las dependencias; seis correspondieron a procesos de capacitación y fortalecimiento institucional a las que asistieron los enlaces designados; 10 reuniones fueron dedicadas a la elaboración del PEPAETP 2011 – 2015 y, finalmente se realizaron 3 reuniones con objetivos diversos para dar seguimiento y fortalecer al trabajo de la Comisión. Todas en un período comprendido del 26 de abril del 2012 al 9 de julio de 2012.

A las reuniones asistieron las 18 dependencias que conforman la Comisión y dos Ayuntamientos, el de Soledad de Graciano Sánchez y el de San Luis Potosí; dando un total de 20 instancias públicas. A éstas se presentaron 75 funcionarias y funcionarios públicos diferentes –tanto titulares como enlaces–; el promedio de asistencia fue de 19.25% por persona, este dato, reforzado con el 41% de las personas registradas que asistieron solamente a una reunión, deja ver que la rotación de representantes por dependencia es una constante en el trabajo de la Comisión. La contraparte es que el 45% de las dependencias, cuenta con un enlace que asistió a más de la mitad de las reuniones analizadas. Es decir, hay instituciones que han hecho el esfuerzo por mantener a un solo representante para su participación en la Comisión:

Dependencias con enlace que ha asistido a más de la mitad de las reuniones

El promedio de asistencia de la Comisión es alto más, no es el deseable, algunas dependencias van quedando rezagadas de los acuerdos y capacitaciones que al interior de la Comisión se generan. El titular de la Secretaría General de Gobierno que preside la Comisión cuenta con 39% de asistencia a las sesiones analizadas. Respecto al contenido de las reuniones, observamos que el apoyo de UNFPA; COESPO y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) han fortalecido el trabajo de la Comisión y los avances que se tienen en el estado, no obstante, es también una realidad que el compromiso de las dependencias con mayores atribuciones se encontró alejado de procesos importantes en el trabajo de la Comisión. En resumen, el monitoreo realizado por Cero Trata posiciona el trabajo de la Comisión en una etapa de capacitación respecto al tema. Alcanzamos a ver dificultades para que los resultados de estas capacitaciones tengan efecto y logren su cometido. Los enlaces que asisten con frecuencia también van constituyendo un perfil particular que les permite indagar y analizar el problema desde una visión de derechos humanos y género, pero ¿qué ocurre cuando hay rotación de enlaces? ¿qué ocurre cuando no hay seguimiento? La inversión de esfuerzos, recursos y tiempo en los procesos de capacitación requieren de estrategias que permitan el uso eficaz de estas habilidades y conocimientos obtenidos para su aplicación en las dependencias y el debido cumplimiento del Programa Estatal.

Ejercicío de acceso a la información pública para conocer el cumplimiento de la Ley Estatal

Este ejercicio se conformó de diversas etapas: En primer lugar, categorizamos las atribuciones que marca la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el estado de San Luis Potosí, agrupándolas de la siguiente manera:

Acciones para la Prevención de la trata de persona
Acciones para la adecuada Atención a las víctimas
Acciones para la Procuración de Justicia
Acciones para el Seguimiento y Banco de Información
Acciones para la Capacitación General

Una vez asignadas las categorías, nos dimos a la tarea de enviar solicitudes de información pública a las 18 dependencias que conforman la Comisión y a 6 ayuntamientos –Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ríoverde, Ciudad Valles, San Luis Potosí y Tamazunchale–. En los escritos de petición señalamos el artículo y la fracción a la que hace alusión el tipo de información que pedimos. Las 158 solicitudes de información que integran el universo de análisis fueron enviadas del 19 de octubre al 5 de noviembre del 2012; el corte para la sistematización de la información se realizó el 30 de noviembre de 2012. En términos de plazos y tiempos de respuesta, las dependencias cumplieron con lo previsto en la ley; contamos con las respuestas del 83% de solicitudes hasta la fecha del corte para la sistematización. Únicamente el 3% tuvo plazo vencido y no envió solicitud de prórroga.

Clasificamos las solicitudes bajo dos dimensiones. La primera hace alusión al tipo de respuesta en relación a los argumentos utilizados para construirla, por lo que establecimos las siguientes categorías:

Instancias que turnan a otra dependencia – argumentando que la atribución en mención no corresponde a la dependencia que recibe la solicitud–, responden en sustitución a otra atribución –respuestas que recurren a acciones diferentes a la que la atribución plantea en la solicitud–, pendientes –solicitudes que, para la fecha del análisis, aún no han sido respondidas–, no se puede determinar – respuestas que ofrecieron la consulta de la información en su versión no digitalizada– y satisfactorias –la información obtenida, responde a la pregunta elaborada, independientemente del cumplimiento o no de la acción– (Ver siguiente gráfica). Poco más de la mitad de las solicitudes fueron respondidas de manera satisfactoria, indagando en estos resultados, encontramos que al interior de las dependencias existieron dificultades para dar respuesta a estas solicitudes y que fueron, principalmente, resultado del desconocimiento de las atribuciones y la normatividad.

Comparativo de solicitudes de información sobre acciones para combatir la trata

La segunda dimensión que abordamos para el análisis es la relativa al cumplimiento o no de la acción que por ley las instancias deben realizar. Los criterios que establecimos para su construcción tuvieron como base el apego a la atribución y si la acción, planteada como ya realizada, efectivamente contribuye a lo que la ley estipula. La clasificación quedó de la siguiente manera:

No han implementado acciones para el cumplimiento de la atribución: respuestas que dan cuenta de la ausencia de actividades para resolver la atribución, en este grupo se encuentran las respuestas que corresponden a un tipo de acción diferente a la atribución, las que fueron turnadas a otras dependencias y las que contestaron de mane- ra honesta que aún no se cumple con lo establecido.

Han emprendido algunas acciones relacionadas al cumplimiento de la atribución: Esta categoría se utilizó para las respuesta que de- muestran acciones que contribuyen al cumplimiento de la atribución y que están directamente relacionadas con la naturaleza de la misma.

No se puede determinar: En este bloque de respuestas se encuentran aquellas que no arrojan los argumentos suficientes como para poder hacer una inferencia sobre el cumplimiento o no. Los motivos son: respuestas pendientes, la ausencia de casos de víctimas e información insuficiente.

Al analizar esta información, encontramos que, en ninguna de las categorías se cumple, al menos, con la mitad de las acciones que marca la ley. La implementación de acciones para la capacitación y la prevención están por encima de acciones dirigidas a la atención, procuración de justicia y seguimiento e información. Esta información

Resultados del taller para el análisis y evaluación de las acciones emprendidas por los integrantes de la comisión

Los integrantes de las dependencias que asistieron al taller convocado por Cero Trata llevaron a cabo una reflexión en torno al cumplimiento de la normatividad y la contribución a la atención el problema. Asistieron un total de 29 participantes correspondientes a 23 dependencias 62.07% mujeres y 37.93% hombres.

Identificaron necesidades básicas, entre las más relevantes, las estrategias para gestionar recursos que permitan llevar a cabo las tareas correspondientes y la rotación de enlaces que no garantiza el seguimiento de las actividades. El desconocimiento de las acciones a desarrollar fue una constante, si bien la mayoría mostró conocimiento teórico, se distinguió una deficiencia entre el discurso institucional y las formas de practicar una intervención ante posibles víctimas.

Conclusiones

Este monitoreo a la Comisión dio cuenta de un nivel de involucramiento dispar por parte de las dependencias que deben atender la trata de personas en San Luis Potosí, en otras palabras, el compromiso con el tema no es proporcional a las atribuciones legales con las que cuentan las dependencias para atenderlo.

Cero trata considera como necesidad la asignación de un único enlace que represente a su dependencia, quien a su vez replique y promueva acciones para cumplir con las atribuciones que la ley estatal otorga. Trascender de una etapa de capacitación a un ejercicio práctico dirigido a prevenir, detectar y atender a víctimas colocaría a San Luis Potosí como un estado en contra de la trata. Lo anterior no ocurrirá mientras no se asigne un recurso económico y se genere un proceso de sensibilización y compromiso al interior de cada instancia pública de modo que supere posturas morales, religiosas o políticas, porque el reconocimiento de una víctima pasa también por la moral de quien está frente a ella y esto, en espacios donde predomina un sistema patriarcal y corrupto, entorpece el avance hacia la garantía de los derechos humanos.