Por: Cesar Reyna

En la actualidad las notas de prensa asociadas a jóvenes publicadas en Ciudad Valles, San Luis Potosí presentan un escenario preocupante. El director de la policía municipal del lugar, Miguel ¡ngel Adrián TreviÒo ha hecho un par de declaraciones que dejan ver la situación que se vive en dicha entidad potosina.

De pronto resultaba inexplicable el que se declarara por Parte de Miguel ¡ngel que “aquellos jóvenes que deambulen después de las 23:00 por los diversos sectores de la ciudad serán custodiados hasta sus hogares e incluso, remitidos por su seguridad a la corporación, aclarando que no será en calidad de detenidos, sino de resguardo.”

Parecía inexplicable que se tomará dicha decisión hasta que declaró ante otro medio de comunicación lo siguiente “De cada diez jóvenes en Valles, cuando menos cinco de ellos ya están involucrados en la delincuencia y en su mayoría venden o consumen drogas”, y se debe considerar que el cincuenta por ciento de la población joven es delincuente.

Esta última declaración explica por qué establecen un horario a los jóvenes, una medida para contener a todos los delincuentes y al otro cincuenta de la población joven que serán por lo tanto delincuentes en potencia, pues continua comentando “uno de los factores por los que la delincuencia está empleando a menores, es porque representan una mano de obra barata, además de que al momento de que se les detiene las propias leyes los protegen y de inmediato obtienen su libertad”, entonces los que aun no son delincuentes están en la mira de la delincuencia organizada.

Al final este comportamiento refleja y fortalece la visión adultocéntrica que prevalece en el amplios sectores de la sociedad, que criminaliza a las y los jóvenes y que los coloca como sujetos incapaces, que deben ser cuidados y resguardados por los adultos. Esto sin detenerse a reflexionar sobre la necesidad de implementar acciones que favorezcan su desarrollo y que posibiliten su inserción social y laboral.

El estado de San Luis Potosí no cuenta con una política pública articulada que implemente desde las diferentes instancias gubernamentales acciones que coloquen a las y los jóvenes como sujetos de derechos y actores sociales prioritarios.