Por: Sofía Cordova

En junio del año pasado se presentó ante el Congreso una iniciativa de Ley producto del trabajo colectivo de la sociedad civil, jóvenes, académicos y diputados de tres partidos políticos.

Dicha ley aprobada por dos comisiones legislativas, pensada desde la perspectiva que reconoce a las y los jóvenes como titulares y sujetos de derechos, establece una serie de artículos que describen las responsabilidades institucionales para la implementación de política pública en materia de juventud en el Estado de San Luis Potosí.
Un año después, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, realiza una serie de modificaciones que alteran el contenido, sustancia, espíritu y sentido de la iniciativa original.

En este contexto que genera un escenario de riesgo, tanto para el trabajo impulsado desde la sociedad civil, como para el reconocimiento de los derechos de las y los jóvenes y en el que están involucrados algunos legisladores vinculados al sistema educativo, las personas e instituciones que participaron en la elaboración de la propuesta original, tratan de marcar una ruta y estrategia para presionar y recuperar la iniciativa original.
Al interior del Congreso serían los propios diputados quienes decidirían qué iniciativa es la que se llevaría al pleno; los intereses personales y públicos, posiblemente estaban en juego. Lo que nos tocaba desde la sociedad, era la presión por fuera.

Recurrimos a distintas estrategias, pero principalmente y lo que ha resultado más eficiente, ha sido la información a través de redes sociales.
La estrategia de recaudación de firmas virtuales agilizó la difusión y adhesión de personas, la proliferación de un desplegado invitando a instituciones y personas a sumarse a la petición para su publicación en medios impresos resultó también satisfactoria, así como la elaboración de una infografía que explicaba el problema.

Como resultado, tenemos una pequeña muestra de ciudadanos interesados, la disposición de sectores de la población para conocer procesos de interés público, personas comprometidas y en defensa del trabajo colectivo y los derechos humanos.
Hasta este momento, damos una lectura favorable para la campaña, la presión llegó al Congreso y se discute qué iniciativa subirá a pleno y de qué manera.

Se continuará con la vigilancia y monitoreo permanente al gobierno, a la toma de decisiones; porque se requiere de ciudadanos organizados, críticos, y que desde distintos frentes hagan presencia en la vida pública del estado y del país.

Se agradece a todas aquellas personas e instituciones que se han sumado a esta campaña a favor de la Ley de la Persona Joven para el Estado de San Luis Potosí.