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Convocatoria “Fortalecimiento de la sociedad civil de San Luis Potosí para el desarrollo local”

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07 31, 2020 Programas y proyectos

Convocatoria Cerrada

"Fortalecimiento de la sociedad civil de San Luis Potosí para el desarrollo local”

ConvocatoriaCerrada

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ConvocatoriaAnexo I. Propuesta de SíntesisPreguntas y respuestas

Antecedentes

México requiere acciones urgentes para reducir las brechas de desigualdad y superar la exclusión. San Luis Potosí se encuentra en un área geográfica con poblaciones que, por condición etaria, de sexo y de pertenencia étnica, viven en situación de pobreza, ausencia de seguridad social, servicios básicos, carencia alimentaria, rezago educativo, así como violaciones sistemáticas que obstaculizan el ejercicio de sus derechos humanos. Estas situaciones se agravan ante el contexto de emergencia sanitaria a causa del COVID-19.

Frente a estos problemas, los grupos de la sociedad civil organizada juegan un papel fundamental para promover la cohesión social y el desarrollo local. Su trabajo aporta a la recuperación del tejido social para el bien común, el desarrollo incluyente y respetuoso. A través de su trabajo se convierten en agentes principales de liderazgo para la transformación positiva de comunidades y personas. A su vez, estos grupos de la sociedad civil organizada también enfrentan necesidades como el fortalecimiento de conocimientos, capacidades temáticas, institucionales, organizativas, administrativas y de gestión, para impulsar Proyectos Sociales y de Desarrollo Local (PSyDL) de manera efectiva frente a las poblaciones con quienes trabajan. En este contexto, el proyecto “Fortalecimiento de la sociedad civil de San Luis Potosí para el desarrollo local”, impulsado por Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac), en el marco del Programa temático Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales 2014-2020 y de la iniciativa de la Unión Europea para “Fortalecer la acción de la sociedad civil para un México incluyente”.

Lee la convocatoria completa aquí.

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Informe sobre Trata de Personas: Modalidades de Enganche en los Estados de SLP, Zacatecas y Tamaulipas

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07 09, 2020 Informes

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Informe sobre Trata de Personas: Modalidades de Enganche en los Estados de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas

La trata de personas ha crecido de forma exponencial en nuestro país. México se ha propuesto, desde el 2003 que ratifico El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres, niñas y niños, conocido como Protocolo de Palermo, realizar acciones para prevenir, sancionar y erradicar dicho delito. Las acciones han ido desde la formulación de leyes hasta políticas públicas de largo aliento, sin embargo, es uno de los delitos que siguen ocurriendo en este país. El objetivo del informe es presentar una investigación documental y etnográfica sobre el fenómeno de trata de personas y sus modalidades de enganche para someter a personas jóvenes a explotación sexual y trabajos forzados.

Leer completo el informe: aquí

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Los Derechos Humanos NO están en cuarentena

by admin

06 08, 2020 Boletines de prensa

Los Derechos Humanos NO están en cuarentena

8 de junio, 2020

Desde marzo las organizaciones que firmamos este comunicado, a través de diversos pronunciamientos declaramos que atender un problema sanitario con medidas de seguridad pública, más que una alternativa, era un riesgo para la sociedad y los derechos humanos. Señalamos que la intervención de los cuerpos de seguridad pública o la Guardia Nacional en la contingencia sanitaria suponía un problema porque carecen de capacitación para la proximidad social o para desplegar estrategias de prevención ante el Covid-19.

[...]

Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias (ONDA)

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

#SinDetencionesArbitrarias

#JusticiaParaGiovanni       #JusticiaParaOliverLopez

Pronunciamiento

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PRONUNCIAMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL SOBRE DETENCIONES ARBITRARIAS FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19

by admin

04 21, 2020 Notas de proyectos

PRONUNCIAMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL SOBRE DETENCIONES ARBITRARIAS FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19

“LOS DERECHOS HUMANOS NO ESTÁN EN CUARENTENA”

En México y en el mundo estamos viviendo una situación muy delicada por la pandemia del COVID-19, eso es indiscutible desde el ámbito de la salud. Pero también sabemos que este escenario no solo repercute en la salud de la población, sino también en los ámbitos económico, cultural y social. Y, con la excusa de salvaguardar la salud, se pueden restringir los ya de por si debilitados derechos humanos.

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Pronunciamiento

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Los Derechos de los Pueblos Indígenas en San Luis Potosí

by admin

02 13, 2020 Notas de proyectos

Los Derechos de los Pueblos Indígenas en San Luis Potosí

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Los Derechos de los Pueblos Indígenas en San Luis Potosí

 

De acuerdo con el Padrón de Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí (2013) “[l]a presencia indígena en San Luis Potosí se puede caracterizar, en primer término, por su peso demográfico, ya que de cada 100 potosinos 15 son portadores de una cultura indígena. […] De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que la población indígena es de 348,551 personas que representan al 15.2% de la población total del estado". Al mismo tiempo el Censo del 2000 estableció que 235 mil 253 personas son Hablantes de una Lengua Indígena, representando con ello a más de 11% (por ciento) de la población estatal. En ese mismo sentido merece señalarse que San Luis Potosí es parte del grupo de nueve estados con mayor concentración de población indígena en México.

En el estado habitan hablantes de 36 lenguas indígenas, tres son autóctonas del estado. Sobresale el náhuatl, con 58.9% del total de hablantes, le sigue el teenek o huasteco con el 37.1% y el xi´oi o pame con el 3.4 %.

De acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2016 existían 172 mil 290 personas de 3 años y más hablantes de lenguas indígenas que viven en situación de pobreza, esta cifra representa el 83.9 % del total de esta población. Estos datos están por encima de los que presenta la población no hablante de lengua indígena, además de ubicar a San Luis Potosí en el lugar 6 de los estados con mayor situación de empobrecimiento en su población indígena. (Perfil Sociodemográfico de la Población Indígena en el Estado de San Luis Potosí, Consejo Estatal de Población, 2018).

Desde hace más de 30 años se establecieron en la capital tres grupos indígenas; que, si bien son originarios de otros estados del país, no pierden sus formas de convivencia y han replicado sus comunidades y a sus autoridades, y no por ello dejan de tener derechos a la protección. Estas comunidades indígenas son la Mixteca Baja (ÑuuSavi), la comunidad Mazahua y la Triqui.

Existe un catálogo de Derechos Indígenas contenidos en varios instrumentos, desde tratados internacionales hasta leyes locales, pasando por la Constitución Federal y Local. Todos ellos concuerdan en varios puntos: que las comunidades indígenas o pueblos originarios o tribales (la denominación no difiere en nada sustancialmente) han sido históricamente excluidas por los Estados (o por quienes ostentaron el poder de decidir quién era valioso para la comunidad política y quién no y por ende se podía disponer de ellas y ellos) e incluso, en algunos casos, se ha buscado su desaparición, sea por prácticas de exterminio o por eliminación de sus prácticas culturales.

Existe una situación de desigualdad que impide a este sector poblacional disfrutar de los mismos derechos que el resto de la sociedad. Ante esto, los Estados tiene la obligación de garantizar el disfrute de todos los derechos sin que ello signifique una pérdida de su identidad indígena, por lo que ciertas acciones del Estado deben adecuarse a la forma de vida propia de las comunidades indígenas. Entre estos derechos está a la no discriminación, la autodeterminación de los pueblos y comunidades, los culturales a preservar y promover su lengua, formas de vida, de organización, sus sistemas normativos propios, a ser consultados en caso de decisiones estatales que afecten o pretendan realizarse en sus tierras o que afecten en su vida diaria (leyes, programas sociales, políticas públicas de desarrollo municipal), a la participación política en la vida pública, entre muchos otros.

Ejemplo de este Marco Legal Internacional y Nacional de Derechos son el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo 2 de la Constitución Federal, el artículo 9 de la Constitución Local, la Ley Reglamentaria del artículo 9 Constitucional Local (Sobre los Derechos y la Cultura Indígena), La Ley de Consulta Indígena Local, el Padrón de Comunidades Indígenas en el Estado De San Luis Potosí, el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, (que si bien no son ordenamientos jurídicos aportan información valiosa del contexto histórico-social y otros fungen como herramientas para quienes imparten justicia, de quienes depende, en última instancia, la eficacia de los derechos indígenas), por citar algunos de relevancia.

 

FUENTE: Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2019), datos internos.

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Hallazgos del mecanismo ciudadano de auditoría social al SEPASEVM

by admin

11 25, 2019 Notas de proyectos

Hallazgos del mecanismo ciudadano de auditoría social al SEPASEVM

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Del Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el Estado de San Luis Potosí realizado por el Laboratorio de investigación: Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis, A.C., se destacan los siguientes hallazgos que son un reflejo de la violenta situación actual en SLP:

Este diagnóstico fue un estudio de tipos y modalidades de violencia, siendo los de mayor índice la huasteca y la zona centro (sobre todo la capital del estado y Soledad). De las encuestadas, quienes han vivido al menos una vez alguna forma de violencia, son casi 9 de cada 10 mujeres.

El tipo de violencia más común fue la psicológica, continuando la sexual. En el ámbito de pareja, las manifestaciones de violencia más comentadas fueron: jalones, pellizcos y bofetadas (zona media); golpes y patadas fueron (zona centro); además de que las acciones de violencia más extrema, como el ser atada o agredida con armas, y violencia feminicida, se presentaron más en la zona media (10% de mujeres han sobrevivido estos ataques).

Sobre la violencia sexual, el hallazgo más común es que se realizan comentarios o piropos ofensivos sobre los cuerpos de las mujeres. También hay un alto índice de tocamientos o acercamientos lascivos, sobre todo en los transportes públicos y en el tránsito de los espacios públicos. Por lo tanto, se necesitan acciones muy concretas para incidir en camiones y transporte de las comunidades.

Otro indicador importante es el miedo de ser atacada, aunque no hayan vivido un ataque, de eso casi la cuarta parte de las encuestadas lo menciona como presente. Incluso la violencia es muy común dentro de los hogares. Los agresores más comúnmente son familiares y conocidos. Por ello es necesario incidir en los hombres e incluir acciones para sensibilizarlos. Los perfiles de agresores ahora son más complejos y peligrosos, por el consumo de sustancias psicoactivas y los grupos de delincuencia organizada.

Se destaca que 7 de cada 10 mujeres en los ámbitos comunitarios han dado a luz por cesárea, muy por encima de las recomendaciones internacionales de 3 de cada 10 mujeres. Incluso se les colocan métodos anticonceptivos sin consentimiento, o como condición para la atención médica.

En general, no hay posiciones que les garanticen un acceso total a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) para las mujeres. También hay una urgente necesidad de homologar el tipo penal del feminicidio que facilite su persecución, investigación y frenar la alta impunidad, como ejemplo, del 2011 a 2015 de todas las muertes violentas, solo 37 se investigan como feminicidio. La mayor parte de las víctimas son empleadas en lugares de comercio (bares, domésticas, comerciantes por catálogo, etc.), además de ser solteras.

Para paliar el problema, se han construido marcos o protocolos que no han dado los resultados esperados, además, los consejos ciudadanos no están concretando acciones, por lo que se necesita mucho la experiencia de trabajo con la sociedad civil informada. En la atención integral, se ven la necesidad de que sea en una sola ventanilla, para no revictimizar a quien acude a solicitar servicios.

Las instancias de atención reciben en su mayoría mujeres de la zona conurbada SLP-Soledad. Les faltan recursos e incluso hay que atender a los menores abusados que llegan con las mujeres. Es apremiante la necesidad de que el estado se articule con el modelo de refugio y no dejarlo solo en las organizaciones civiles.

La accesibilidad es otra gran dificultad, tanto física, de transporte, como cultural, pues las víctimas no quieren permanecer en el contexto lejano a sus agresores. Una de las cosas más críticas es la impunidad que queda de los tipos de violencia a las mujeres, el 73.5% ni siquiera pidió ayuda, manifestando la grave situación de normalización de la violencia.

La finalidad de este mecanismo de seguimiento es generar la calificación de la ciudadanía sobre el desempeño institucional del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (SEPASEVM). Pero hemos visto que muchas de las acciones reportadas por este sistema son usadas también para reportar resultados de la Alerta de Violencia de Género (AVG). Esta alerta es un mecanismo único en el mundo, que se implementa y se aprende sobre la marcha, más por la sociedad civil que por el gobierno, pues ellos se enfocan a la carrera política, y en ocasiones como la del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PEPASEVM), aprovechan acciones para marcar una duplicidad de resultados.

Las acciones de la Alerta de Violencia de Género (AVG) se ejecutan con presupuesto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), y muchas de ellas también son reportadas por el SEPASEVM que usa presupuesto del estado. Luego del análisis es posible ver que en efecto son las mismas o por lo menos los números que se reportan en ambas son muy similares. Se identifican duplicidades sin justificar la pertinencia. No hay un sentido de coordinación con las acciones de ambos mecanismos, la información que se tiene es necesario pedirla a través de transparencia, pues no se hace pública en el momento en que debería.

Además, han sido encontradas las siguientes coincidencias entre los resultados que se reportan en la AVG y en el (PEPASEVM):

Los botones de pánico: no han sido funcionales para seguridad, una acción que no tiene indicadores, ni de la que hay seguimiento.

Los módulos de atención inmediata a mujeres víctimas de violencia: para ello solo dice que se han fortalecido, pero también carece de una línea base y una medición.

La actualización del banco de datos que contienen casos de violencia contra las mujeres: en uno se reporta haber hecho capacitaciones de captura, en otro se habla de un taller de sensibilización para registros.

Las campañas para prevenir la violencia: se reporta de manera muy similar en la campaña de cero tolerancia, al igual que reportan la campaña alerta con todos los sentidos, o las actividades con el atlético de San Luis.

La creación de un programa de atención hacia hombres generadores de violencia con base en el modelo CONAVIM por parte de la AVG: no se reporta cumplir el modelo, solo menciona el perfil de funcionariado capacitado. El SEPASEVM se reporta un taller de reeducación a hombres violentos, algo muy similar.

El Mecanismo Ciudadano de Seguimiento al SEPASEVM, busca fortalecer la rendición de cuentas a partir de la auditoría social, además de participar y colaborar para alcanzar sus objetivos, aunque el gobierno no lo ve así. Es hora de dejar de ver a los comités ciudadanos como el enemigo, lo que se busca es democratizar los procesos políticos, ser un factor de transformación social y fortalecer las capacidades ciudadanas.

Son tiempos y fenómenos tan dinámicos, que el actuar gubernamental no puede responder en el momento al problema público, algo que puede hacer la sociedad civil más fácilmente. La administración pública sabe que no cumple, que simula, pero si no hay elementos válidos y evidencia, no hay manera en que les hagamos ver que no cumplen con sus funciones.

Hay una ausencia de seriedad en las instituciones públicas para tomar en cuenta las solicitudes de información de la ciudadanía, al igual que sus recomendaciones y propuestas. Esto señala de manera importante las prioridades y capacidades de las autoridades.

Es claro que, en el tema de violencia contra las mujeres, hay una falta de intencionalidad por parte de las estructuras de Gobierno, no es una prioridad y no hay una voluntad política. Es un reflejo del punto de vista nacional, donde tampoco es una prioridad, no se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo. El tema es algo importante pues se bajan recursos para ello.

 

Fuentes:

Del Estudio Diagnóstico sobre la Violencia Sexual contra las Mujeres y la Trata de personas en el Estado de San Luis Potosí (México) realizado en el año 2014, se extraen las siguientes recomendaciones:

Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el Estado de San Luis Potosí realizado por el Laboratorio de investigación: Género, Interculturalidad y Derechos Humanos de El Colegio de San Luis, A.C

Esta todo para consultarse en el sitio web. https://diagnosticoslp.colsan.edu.mx/ son más de 800 cuartillas con las bases de datos. Y , http://violenciageneroytrata.colsan.edu.mx/

De las acciones que se han encontrado como duplicadas. Fuentes – los informes del IMES del SEPASEVM 2018, y los reportes de CONAVIM de AVG del 2019.

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Talleres Auditoría social para garantizar y defender los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

by admin

09 10, 2019 Eventos

Talleres Auditoría social para garantizar y defender los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

De manera histórica y generacional hemos vivido una crisis de derechos humanos, generando una ola de violaciones a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Ante estas violaciones, a partir de nuestro trabajo, reconocemos la imperiosa necesidad de establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y monitoreo a la gestión pública mediante acciones de Auditoría Social en torno a los DESCA para el reconocimiento de los mismos y la mejora en sus garantías. Por lo anterior Educación y Ciudadanía A.C (Educiac) en colaboración con la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP en el marco del proyecto “Vigilancia Ciudadana de los Derechos Humanos”, financiado por la Unión Europea, le extienden la presente invitación al:

“Taller Auditoría social para garantizar y defender los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.”

Las temáticas de los talleres son:

  • Derechos Económicos, Sociales, culturales y Ambientales (DESCA).
  • Auditoria social en la administración pública

Fecha: Jueves 19 y viernes 20 de septiembre de 2019

Hora: 09:00 a 15:00 horas.

Dudas y comentarios a los teléfonos: (444) 12867 69 ext: 107

Agradecemos confirmar su participación al siguiente correo: gpedelvalle@educiac.org.mx

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Convocatoria «La Popular»

by admin

08 26, 2019 Programas y proyectos

Convocatoria «La Popular»

Educación y Ciudadanía A.C. - Educiac a través del proyecto «Vigilancia Ciudadana de los Derechos Humanos», en conjunto con la Maestría en Derechos Humanos UASLP y financiado por Unión Europea en México

CONVOCA

Si eres joven y vives en la ciudad de San Luis Potosí, Villa de Reyes, Villa de Arista, Mexquitic de Carmona, Soledad de Graciano Sánchez o Cerro de San Pedro y:
- Consideras que el mundo puede ser un lugar mejor para todas y todos.
- Entiendes que tu participación es esencial para que todas y todos tengamos una vida digna.
- Tienes interés en el conocimiento, defensa y promoción de los derechos humanos.
- Te interesa ser parte en un espacio para reflexionar y construir acciones en colectivo.

FECHAS PARA RECORDAR

Inicio de inscripciones: 26 de agosto de 2019.
Cierre de inscripciones: 6 de septiembre de 2019, 00:00 hrs.
Resultados del proceso de selección: 11 de septiembre de 2019.
Primera sesión: 14 de septiembre de 2019.

POR FAVOR, LEE LA CONVOCATORIA COMPLETA:

Convocatoria

REQUISITOS

-Tener entre 15 y 25 años.
-Vivir en la ciudad de San Luis Potosí o en los municipios mencionados.
-Contar con la disponibilidad de asistir al menos al 80% de las sesiones, las cuales se realizarán todos los sábados de 9:30 a 14:00 de 14 de septiembre al 14 de diciembre del 2019.
-El proceso será totalmente gratuito, sin embargo, es muy importante comprometerse a terminarlo.

REGISTRO

-Realizar tu registro al proceso de selección en http://bit.ly/_LaPopular
-En algunos casos se solicitará una entrevista telefónica, electrónica o presencial.

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Observária: Juventudes, Espacio público y DDHH. No.1

by admin

08 26, 2019 Juventud y participación

Observária No.1

La importancia de las OSC, Estrategias de incidencia Social

El Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias se plantea como una plataforma para visibilizar y recabar información sobre la problemática e incidir colectivamente para la erradicación de esta práctica.

Está conformada, en la frontera norte, por Gente Diversa A.C. de Mexicali, Baja California, que trabaja en la construcción de ciudadanía y fortalecimiento de liderazgos de las mujeres en la política, uno de los modelos que ha implementado es “Ciudades Seguras para las Mujeres y Ellas Arriba”; y el Centro de Investigaciones Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud A.C. (Cideses A.C)/Tira Paro de Chihuahua, que brindan atención integral a jóvenes en situación de riesgo en la zona suroriente de Cd. Juárez, promoviendo y defendiendo sus derechos, para incidir en la consolidación de una cultura de legalidad, la promoción de la participación ciudadana, el fomento de una cultura cívica, la preservación del orden, y la cohesión social para la prevención del delito.

De la Ciudad de San Luis Potosí se encuentra Renace Capítulo San Luis Potosi, que facilita el acceso a la justicia a víctimas y acusados, la reinserción social integral, así como la evaluación y monitoreo del sistema de justicia penal vigente en nuestra entidad y nuestro país; y Educación y Ciudadanía A.C. - Educiac que pone al centro de su trabajo a las personas jóvenes y la sociedad civil, para promover el ejercicio de la ciudadanía activa, a través de la formación de capacidades ciudadanas, incidencia en políticas públicas, contraloría social e investigación. En la Ciudad de México se suma Asistencia Legal A.C. (ASILEGAL) dedicada a visibilizar, fortalecer y acompañar a personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad, con la misión de contribuir al acceso a la justicia, particularmente de mujeres, personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas y de la población LGBTTTI, con enfoque de derechos humanos, género, interseccionalidad, progresividad e interculturalidad.

De Morelos se suma ACCIONA Transformando Caminos para SER y HACER, Asociación Civil, que realiza actividades con personas jóvenes no escolarizadas, de contextos rurales y en conflictos con la ley; y el Algaraza Colectivo, que trabaja con población en conflicto con la ley e incluye a jóvenes reintegrados como miembros activos del colectivo, quiénes imparten talleres y facilitan procesos comunitarios.

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En Defensa del los Derechos de los pueblos y comunidades indígenas en San Luis Potosí

by admin

07 16, 2019 Notas de proyectos

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En Defensa del los Derechos de los pueblos y comunidades indígenas en San Luis Potosí

Un conflicto socio-legal entre el Gobierno del Estado y representantes de diversas comunidades indígenas por el reconocimiento a su derecho a la consulta se suscitó en San Luis Potosí durante el 2015. Tras algunos juicios, la justicia federal concedió la razón a la población indígena con respecto al derecho de ser considerados en la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. Este caso exhibió algunas de las violaciones a los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, que, si bien se cometen desde hace muchos años por parte de las autoridades estatales, en el contexto actual es más grave la vulneración a su esfera jurídica porque se cuenta con numerosos instrumentos legales que les reconocen derechos históricos.

En San Luis Potosí se cuenta con una legislación indigenista producto de reivindicaciones y luchas de los propios pueblos, la academia y la sociedad civil, quienes obtuvieron el reconocimiento normativo del derecho a la justicia y a la consulta previa. Pese a la existencia de leyes de derechos de cultura indígena, su aplicación es apenas incipiente.

El derecho a la participación política de los pueblos indígenas

Desde la conformación de los estados modernos constitucionales en América Latina, han existido numerosas tensiones por el reconocimiento diferenciado de derechos a los pueblos originarios. Las demandas de las comunidades al Estado suelen resumirse en su derecho a participar en la vida pública desde un enfoque propio, a partir de sus propias cosmovisiones, lo cual genera reticencia en los aparatos de gobierno que se orientan comúnmente por criterios liberales que presuponen igualdad jurídica y social entre todos los miembros de la sociedad. Recientemente, se ha incorporado la perspectiva intercultural a la legislación nacional, pero el llamado pluralismo jurídico es aún adyacente y no transversal, esto significa que las instituciones constitucionales reconocen la existencia de pueblos preexistentes, pero no les conceden los derechos aparejados a su condición histórica y cultural.

En San Luis Potosí, la ley establece que debe constituirse un Consejo Consultivo Indígena coadyuvante en el diseño y ejecución de las políticas públicas relacionadas con los pueblos originarios. También en la entidad existe un Padrón de Comunidades Indígenas que reconoce la presencia de más de trescientos asentamientos relativos en el territorio potosino y a cuyos habitantes les concede el derecho a participar tanto en el Consejo Consultivo en específico como en la determinación de los asuntos que les conciernen, en general.

Pero desde finales del 2017 no se ha integrado plenamente el Consejo Consultivo referido, lo que constituye una violación a los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas en el estado. La omisión puede ser subsanada a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) estipulado en la legislación electoral. La estrategia legal que se emprenderá parte de la base de asumir que los derechos políticos son primero derechos humanos y que deben ser especialmente protegidos cuando se trata de grupos poblacionales en situación de vulneración mayor, como suelen ser los pueblos indígenas.

Participación Política pueblos indígenas

Lenguas indígenas

Cultura indígena

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