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El derecho a la memoria: ¡2 de Octubre no se olvida!

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10 03, 2018 Notas de interés

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Ha transcurrido medio siglo y aun es motor para que jóvenes junto a dirigentes del movimiento estudiantil de 1968 salgan a las calles a alzar la voz para exigir justicia por los dolorosos acontecimientos de aquella noche del 2 de Octubre en Tlatelolco.

Año tras año, estudiantes de educación media superior y superior marchan para mantener en la memoria colectiva, el día en que el Estado Mexicano utilizó las fuerzas castrenses para reprimir a la población: ejecutó, torturó y desapareció personas, principalmente jóvenes que formaban parte del movimiento estudiantil.

Mantener en la memoria estos acontecimientos es una lucha permanente contra el olvido de una historia colectiva de violencia y represión, pero ¿por qué recordar una historia tan dolorosa?

Apropiarse de la memoria histórica es un proceso social de vital importancia, a tal grado que puede evitar que las agresiones y las violaciones a los derechos humanos vuelvan a ocurrir: al no dejar en el olvido a quienes fueron y siguen siendo víctimas de un poder que no dudó en borrarlos o eliminarlos cuando representaron un obstáculo o peligro para el proyecto de nación de los gobernantes en turno, para quienes intentaron mostrar un México moderno, a la altura del primer mundo, donde las huelgas no tienen lugar, pues el ser anfitrión de un evento internacional como Los Juegos Olímpicos no era compatible con las protestas sociales de jóvenes estudiantes simpatizantes del comunismo en plena Guerra Fría.

Por ello, a quienes marcharon y sobrevivieron a la matanza del 2 de octubre a manos del Ejército Mexicano en La Plaza de Las Tres Culturas hace 50 años, se les han sumado las nuevas generaciones de estudiantes reforzando la lucha que abandera los derechos a la verdad, la memoria y la justicia.

El derecho a la verdad es: “el derecho que asiste a las víctimas de violaciones […] de derechos humanos, así como a sus familias, […] de conocer la verdad sobre esas violaciones, en particular la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias relacionados con ellas”[1]. También Louis Joinet, relator especial del Comité de derechos humanos de la ONU, señala que “el derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan”[2].

Si bien, los responsables de la orden de “la matanza de Tlatelolco” ya son conocidos (el fallecido ex presidente Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de gobernación Luis Echeverría Álvarez), el número de personas detenidas y desaparecidas sigue indeterminado. Por lo que el derecho a la verdad sigue siendo una exigencia vigente, tan vigente como el caso de Ayotzinapa, donde 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Guerrero, fueron víctimas de desaparición forzada perpetrada por el Estado mexicano la noche del 26 de septiembre de 2014.

Ambos hechos indignaron no solo a la población mexicana, sino también a la comunidad internacional, no podía ser posible que en una noche 43 jóvenes simplemente desaparecieran, además de decir a sus familias “Ya supérenlo”, dejándoles en el olvido, viviendo en la opacidad de la incertidumbre de saber si continúan con vida o si ya han sido ejecutados por las fuerzas del Estado.

El derecho a la verdad no puede ser entendido de forma separada a los derechos a la memoria y a la justicia. El derecho a la memoria se refiere a esa memoria histórica que se transmite y comparte colectivamente en un ejercicio de diálogo intergeneracional, donde personas jóvenes, adultas y adultas mayores se reconozcan atravesadas una historia que si se le permite, forma parte de su identidad.

La memoria mantiene viva la exigencia del derecho a la justicia, busca no solo conocer la verdad, sino también castigo a los culpables, la restauración del daño y sobre todo la construcción de medidas que garanticen la no repetición de los hechos.

La lucha del 2 de Octubre en Tlatelolco se reconoce y entra en diálogo con la lucha del 26 de Septiembre de Ayotzinapa, se abrazan y se ayudan para tomar fuerza y continuar pugnando por el derecho a la justicia mientras se exclama ¡2 de Octubre no se olvida! Acompañado de un ¡Hasta encontrarlos! Porque ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!

[1] Resolución 2005/66 sobre “EL DERECHO LA VERDAD” adoptada en la 59ª Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el 20 de abril de 2005.
[2] Comité de Derechos Humanos, ONU. Informe del Relator Especial E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.anexo II.

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Posicionamiento institucional acerca de Ayotzinapa

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09 26, 2016 Boletines de prensa, Notas de interés, Situación de las juventudes

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Posicionamiento institucional acerca de Ayotzinapa

730 días integran la memoria histórica por la desaparición de 43 personas en Ayotzinapa, sus características: jóvenes, estudiantes, de escuela normal rural, originarios de uno de los estados más pobres de México. El presente de un país, que atraviesa una grave crisis de derechos humanos, desaparición forzada, es consciencia que reitera «Ayotzinapa no es hecho aislado».

Al paso de los días el grito de las familias, de padres y madres, estremeció al país con un «vivos se los llevaron, vivos los queremos», la ciudadanía respondió «Ayotzinapa no estás solo» así inició la búsqueda de unos jóvenes, que a partir de su ausencia han desenterrado un país con cientos de cadáveres. Han marcado una coyuntura que ha destapado muertos en fosas clandestinas, esto exige rescatar el cumplimiento de los derechos humanos, implica recuperar las luchas de otros, de esos jóvenes, dar lugar a las propias luchas y romper nuestras opresiones.

La corrupción en las instituciones gubernamentales y los grandes problemas estructurales que nos afectan durante éste y pasados sexenios han propiciado hechos como el acontecido en Ayotzinapa, socialmente nos demanda procesos sociales organizativos en defensa de la justicia y de los derechos de todos y todas. La presión internacional coadyuva al solicitar transparencia en el uso del poder, sin embargo el gobierno mexicano genera políticas, una parafernalia administrativa y una estrategia de comunicación que busca ocultar los efectos de la violencia institucional, gubernamental, el uso arbitrario y excesivo del poder.
A dos años de los hechos, tras el desgaste ciudadano, después de un intenso reclamo y el posterior desencanto social ante la impunidad, nos preguntamos ¿cómo recuperarnos ante este gobierno que nos rebasa? que parece responder con paliativos, inerte frente al país que se desmorona, ¿qué hacer con el monstruo de la corrupción? Mientras caminamos en busca de los desaparecidos nos cuestionamos ¿cómo nos reponemos del desgaste?, ¿dónde recuperamos fuerza? Como sociedad ¿qué necesitamos hacer para que otros, a quienes la impunidad no ha afectado, se sumen a la exigencia de justicia?, por acto humano de reivindicación a la vida y no desde un discurso egoísta de “me puede suceder a mi” . ¿Cómo sumamos a otras personas a luchar para destruir el mensaje gubernamental de “aquí no pasa nada”? Estas preguntas nos resultan necesarias porque la manifestación ya sea en las calles, en las redes, en los espacios cotidianos de convivencia, sin fuerza ciudadana es débil y corre riesgo de ser reprimida, desaparecida u omitida por aquellos que no están informados/as y por el estado.
Ayotzinapa no es conmemoración, porque el daño causado a las personas desaparecidas se siente en carne viva y se identifica en otros contextos, además de Guerrero. Ayotzinapa no es historia, es violencia cotidiana, es rabia, un presente destruido por dogmas, corrupción, impunidad y prácticas discriminatorias que eliminan a seres humanos. Después de 730 días seguimos encontrando a personas que también se niegan olvidar y ven en Ayotzinapa enojo, rabia, dolor, una posibilidad de esperanza, esa que nos hace capaces de recobrar la importancia de nombrarnos seres humanos. Desde aquí seguimos gritando por Ayotzinapa, porque esta es la lucha social que se niega a reconocer la violencia como práctica normalizada.

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