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La Unión Europea, Educiac y SiKanda lanzan proyecto para la inserción social y laboral de las juventudes en Oaxaca y San Luis Potosí

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10 06, 2020 Notas de proyectos

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La Unión Europea, Educiac y SiKanda lanzan proyecto para la inserción social y laboral de las juventudes en Oaxaca y San Luis Potosí.

Con el objetivo de  fortalecer a organizaciones de la sociedad civil (OSC), promover el reconocimiento de las personas jóvenes como sujetas de derechos y generar condiciones favorables para que accedan a trabajos dignos, la Unión Europea (UE), junto con Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) en San Luis Potosí, y Solidaridad Internacional Kanda A.C. (SiKanda) en Oaxaca, lanzan el proyecto “Compás Joven: Inserción social y laboral de juventudes en situación de vulnerabilidad en Oaxaca y San Luis Potosí”, con un enfoque multiactor, territorial, de género y de derechos.

La presentación se realizó este martes 6 de octubre de 2020 a las 10:00 horas (Ciudad de México), a través de una transmisión de Facebook Live desde la cuenta oficial de la Delegación de la Unión Europea en México (@UEenMexico). En el evento participó Jean-Pierre Bou, Encargado de Negocios a.i. de la Delegación de la UE en México, Nydia Morales de Educiac A.C., José Carlos León Vargas y Bárbara Lazcano de SiKanda A.C., y Fátima Velázquez Romo, como parte del Consejo Asesor Juvenil del proyecto.

Con un financiamiento de 900,000 euros por parte de la UE, el proyecto beneficiará en los próximos 4 años a 7,000 personas jóvenes en situación de vulnerabilidad en las regiones Mixteca, Valles Centrales y Costa de Oaxaca, así como en las zonas Centro, Media y Huasteca de San Luis Potosí. El proyecto trabajará adicionalmente con 100 OSC, 70 actores del sector privado incluyendo MIPyMES, 160 autoridades locales y 12 instituciones del sector educativo.

Trabajar en favor de la inserción socio-laboral de las juventudes es particularmente relevante debido a los desafíos particulares que enfrentan los jóvenes para el pleno desarrollo de sus capacidades, la participación efectiva y la garantía de sus derechos. En 2019, la tasa de desocupación juvenil ya era mayor a la media nacional y las juventudes desocupadas representaban 60% en San Luis Potosí y 50% en Oaxaca. La crisis derivada de la pandemia de COVID-19 acentuará aún más las dificultades que enfrentan las y los jóvenes para incorporarse a la vida laboral en condiciones dignas y seguras. Frente a la situación actual de la pandemia, el proyecto cobra mayor relevancia y se plantea como una alternativa para acompañar a las juventudes en la búsqueda y creación de empleo digno.

Adicionalmente, las mujeres jóvenes enfrentan retos significativos por la condición de género. Las mujeres continúan realizando la mayor parte de los trabajos del hogar, lo que repercute en sus posibilidades de búsqueda de empleo y propicia que la tasa de participación laboral femenina en México sea de las más bajas de la región.

Cabe destacar que las juventudes tendrán una participación central dentro de las acciones del proyecto. A través de la conformación de un Consejo Asesor Juvenil, las y los jóvenes participarán junto con distintos actores del sector privado, academia, OSC, autoridades locales, e instituciones del sector educativo. De esta forma, el proyecto Compás Joven propiciará espacios de reconocimiento de la problemática e identificación de estrategias multiactor que fortalecerán la inserción social y laboral, y que generarán propuestas de políticas públicas pertinentes con un enfoque de género y de derechos humanos.

Leer nota completa en la página web de la Delegación de la Unión Europea en México

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Empleos falsos como forma de enganche en la trata de personas

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07 30, 2020 Notas de proyectos

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30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas

Empleos falsos como forma de enganche en la trata de personas

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Erradicar la trata de personas requiere garantizar, respetar y proteger derechos humanos (trabajo, seguridad social, salud, educación, alimentación y vivienda), condiciones mínimas para que las personas puedan desarrollar la vida. Sin embargo, arrastramos décadas de violaciones a derechos, mismos que favorecen otros problemas con efectos incuantificables, no solo para las víctimas, también para sus familias y comunidades.

       Organismos internacionales que documentan los efectos de la trata de personas (como la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas y la Coalición contra la Trata de Mujeres) señalan que una de las formas de enganche es la oferta de falsos empleos. Esta situación se incrementa cuando las comunidades enfrentan problemas estructurales como escasez de empleos, inestabilidad económica y violencia contra grupos específicos.

     La pandemia por el Covid-19 no solo trajo consigo decesos por el virus, también colocó de frente las condiciones precarizadas del empleo y la desatención a la garantía de un trabajo digno. En este contexto la trata de personas se cuela entre millones de personas sin derechos básicos y con escasas alternativas para emplearse. Por eso, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas es fundamental recordar la urgencia de redoblar esfuerzos y generar redes para alertar a las personas, ofrecer alternativas de erradicación del problema y asegurar el empleo digno. 

     Actualmente muchos trabajos, formales o informales, se suspendieron o perdieron para aminorar un problema de salud, sin considerar alternativas para compensar esas ausencias o las mejoras de empleos de por sí precarizados. Este escenario se presenta como ideal para que tratantes o redes de trata se anuncien en letreros en las calles o en redes sociales para ilusionar con empleos bien pagados, flexibles en horarios y dificultades para emplear a personas menores de edad. La Secretaría de Gobierno de México señala que los tratantes estudian los deseos y carencias de las personas que pretenden reclutar para luego persuadir con discursos o acciones que formen un vínculo de confianza entre quien engancha y la víctima.

     En México, es altamente probable que el enganche ocurra sobre todo cuando, organismos como el Observatorio de Trabajo Digno reportan que,  casi 32 millones de personas no perciben lo suficiente para adquirir la canasta básica para dos personas; 34 millones carecen de acceso a la salud; 18 millones tienen empleo sin contrato, indemnización, prestaciones o defensa en caso de despido injustificado. En la trata de personas las víctimas que engrosan las cifras son mujeres, niñas, niños y personas jóvenes pues son quienes resultan más vulnerables ante los problemas emergentes, por ejemplo, en el contexto del Covid19, el porcentaje de mujeres en situación de precariedad se duplicó en el país, esto, además del trabajo doméstico no remunerado que continúan ejecutando en sus hogares y que aumentó frente a las medidas sanitarias.

     Trabajo Digno señala también que las juventudes enfrentan, en comparación con las personas adultas, el doble de desempleo, desigualdad salarial, ausencia de seguridad social e inestabilidad en la contratación. 

     En tiempos de Covid-19, las personas con enfermedades crónicas o adultas mayores son una población vulnerable ante la enfermedad, mientras que las mujeres y personas jóvenes sin empleo o que viven “al día” corren un alto riesgo ante el enganche para la trata de personas. Esto frente a un sistema de educación, de seguridad pública y de asistencia social que no logran empatizar, o dimensionar siquiera, las dificultades que atraviesan personas jóvenes, mujeres, niñas y niños para encarar los problemas que trajo la pandemia.

     Frenar la trata de personas implica que distintos actores asuman tareas.

· Las organizaciones de la sociedad civil pueden prevenir y difundir información entre las personas y sus comunidades para reducir las formas de enganche.

· A los gobiernos, en sus distintos poderes y niveles, les compete por obligación frente a los derechos humanos, la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la trata. Otra tarea es favorecer la confianza ciudadana para la denuncia del delito, tarea que el estado debe abanderar, así como la garantía de derechos fundamentales para que las comunidades se fortalezcan y se reduzca el impacto de la explotación de personas desde la trata.

· Es urgente que, ante el desempleo, las instancias del trabajo acerquen opciones para desplazar el impacto de los falsos empleos en las calles y las redes sociales. Las instancias encargadas de transversalizar las perspectivas de juventudes, género e interculturalidad son fundamentales para lograr la inclusión de estas poblaciones y su salida de la marginación. A las instancias de seguridad y justicia les compete la atención jurídica pronta para las personas, familias y comunidades afectadas por la trata o la explotación. Mientras que, para las instancias encargadas de brindar asistencia social, erradicar la trata, implica no sólo conocer el tema, también generar medidas para brindar derechos fundamentales y favorecer el reconocimiento de las poblaciones más desfavorecidas como titulares de derechos.

· Las personas y las comunidades tambien pueden generar estrategias de autocuidado frente a la trata de personas, una forma es difundir la información a sus círculos cercanos, dialogar sobre el problema y las formas de enganche que se han documentado.

Una de esas formas de enganche es la oferta de falsos empleos y algunas alternativas para evitar más víctimas en la trata son:

· Verifica que la publicidad muestre datos de la empresa que contrata. En ocasiones solo se señala “por apertura empresa solicita” y esto impide que las personas hagan una búsqueda alternativa para identificar si la empresa es real, su ubicación, su historia y otros datos.

· Consulta en redes sociales o en el buscador, los datos de la empresa contratadora para confirmar si la oferta es real, o si existen denuncias acerca de la empresa como un falso empleo.

· Algunas veces, los falsos empleos solicitan discreción, persuaden para citar a las personas solas, o realizan citas en lugares poco convencionales (lugares aislados, con mínimo tránsito, frente a establecimientos que no se vinculan al empleo, en avenidas de rápido acceso o espacios que no son el lugar donde se desarrollará el trabajo).

· Si la persona que solicita el empleo no ofrece detalles de las actividades, del lugar de trabajo y solicita disposición para cambiar de residencia, puede ser un falso empleo.

Este 30 de julio, desde #CeroTrata reiteramos nuestro compromiso para coadyuvar en  construir una sociedad que posea condiciones reales de ejercicio de derechos humanos que nos permita decir frente a la trata #NoCaeré

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PRONUNCIAMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL SOBRE DETENCIONES ARBITRARIAS FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19

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04 21, 2020 Notas de proyectos

PRONUNCIAMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL SOBRE DETENCIONES ARBITRARIAS FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19

“LOS DERECHOS HUMANOS NO ESTÁN EN CUARENTENA”

En México y en el mundo estamos viviendo una situación muy delicada por la pandemia del COVID-19, eso es indiscutible desde el ámbito de la salud. Pero también sabemos que este escenario no solo repercute en la salud de la población, sino también en los ámbitos económico, cultural y social. Y, con la excusa de salvaguardar la salud, se pueden restringir los ya de por si debilitados derechos humanos.

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Pronunciamiento

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Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP

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03 18, 2020 Notas de proyectos

Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP

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Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP

La Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es un proyecto colectivo que, bajo la coordinación del Dr. Guillermo Luévano Bustamante y con apoyo de diversos actores políticos y académicos, así como estudiantes de licenciatura y maestría, busca la enseñanza y práctica del Derecho desde una perspectiva crítica de derechos humanos con la postulación de casos relevantes que impliquen graves violaciones cuya resolución pueda sentar algún precedente judicial que contribuya a la investigación o documentación académica o a la visibilización de las negligencias por parte de los diversos niveles de gobierno en el sistema jurídico nacional o internacional.

Desde enero de 2014, esta Clínica de Litigio Estratégico ha trabajado comprometidamente en la promoción y defensa de los derechos humanos de manera integral e interdisciplinaria, buscando siempre los vínculos sociales que se establecen con las y los usuarios de la asesoría legal gratuita brindada por ésta. La Clínica atiende casos que se consideren “no tradicionales”, cumpliendo cierto tipo de requisitos: que el caso implique violaciones a derechos humanos; que las y los usuarios pertenezcan a una población históricamente reconocida como vulnerada; que no se tenga la solvencia económica para pagar una defensa legal; y, que la resolución del asunto implique un precedente para discusiones futuras en materia de derechos humanos o sea de alto impacto social.

La Clínica de Litigio Estratégico ha atendido diversos casos de violaciones a derechos humanos de diversas poblaciones vulneradas como migrantes, jornaleros, pueblos y comunidades indígenas, mujeres, ejidatarios y campesinado y comunidad LGBTTTIQ. En esta defensa se han obtenido logros que se consideran relevantes:

- En materia de derechos laborales, desde 2014 se acompañó legalmente a jornaleros indígenas provenientes del estado de Guerrero contra la patronal “Rancho El Ebanito”, debido a un accidente de trabajo que produjo la muerte de 3 menores y 18 persona heridas, buscando condenar al pago de indemnizaciones. Tras cinco años de estrategia y lucha judicial, a través de un amparo directo ante el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, en 2019 se logró la protección a las familias de los menores, pues dicho Tribunal ordenó a la Junta de Conciliación y Arbitraje emitir una nueva sentencia condenando a la patronal al pago de las indemnizaciones.

- Para la defensa de los pueblos y comunidades indígenas en el estado de San Luis Potosí, en 2016 se logró el reconocimiento del derecho a una consulta previa, libre e informada a la comunidad Mazahua, extendiendo el efecto de la sentencia a todas las comunidades indígenas en el Estado para ser consultadas para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Estas comunidades no fueron consideradas a pesar de encontrarse mandatado en la Ley de Consulta Indígena del Estado, vulnerando el derecho a la participación política en la toma decisiones que afecten a su entorno, estos consagrados en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y diversas legislaciones locales.

- En defensa de la Comunidad LGBTTTIQ, a través de una controversia familiar ante el Poder Judicial de Estado, en 2017, tras dos años de combate, se logró la rectificación de un acta de nacimiento de una persona transgénero, reconociendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad y expresión de género.

- En materia de derecho ambiental, tras una lucha que empezó en 2016, a través de la organización y denuncia social así como de la estrategia legal, en 2018 los Jueces Segundo y Cuarto de Distrito de Noveno Circuito fallaron a favor de las y los habitantes del municipio de Santo Domingo contra la instalación de un basurero de desechos industriales y mineros del Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, S.A. de C.V., considerando que los permisos se encontraban en calidad de ilegales y la manifestación de impacto ambiental de dicho proyecto incumplía los requisitos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Al ser este un proyecto colectivo, la Clínica trabaja con apoyo de organizaciones de la sociedad civil y académicas, así como de estudiantes de la licenciatura en Derecho y de la Maestría en Derechos Humanos que día a día se forjan con casos prácticos reales en la búsqueda de aprendizaje, entendimiento y ejercicio de su carrera. Es importante para este proyecto que las y los integrantes se muestren sensibles ante las problemáticas que se presenten, pues serán quienes brinden su conocimiento y se mantendrán en contacto directo con las y los usuarios para apoyarles en la defensa de sus derechos.

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Los Derechos de los Pueblos Indígenas en San Luis Potosí

by admin

02 13, 2020 Notas de proyectos

Los Derechos de los Pueblos Indígenas en San Luis Potosí

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Los Derechos de los Pueblos Indígenas en San Luis Potosí

 

De acuerdo con el Padrón de Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí (2013) “[l]a presencia indígena en San Luis Potosí se puede caracterizar, en primer término, por su peso demográfico, ya que de cada 100 potosinos 15 son portadores de una cultura indígena. […] De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que la población indígena es de 348,551 personas que representan al 15.2% de la población total del estado". Al mismo tiempo el Censo del 2000 estableció que 235 mil 253 personas son Hablantes de una Lengua Indígena, representando con ello a más de 11% (por ciento) de la población estatal. En ese mismo sentido merece señalarse que San Luis Potosí es parte del grupo de nueve estados con mayor concentración de población indígena en México.

En el estado habitan hablantes de 36 lenguas indígenas, tres son autóctonas del estado. Sobresale el náhuatl, con 58.9% del total de hablantes, le sigue el teenek o huasteco con el 37.1% y el xi´oi o pame con el 3.4 %.

De acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2016 existían 172 mil 290 personas de 3 años y más hablantes de lenguas indígenas que viven en situación de pobreza, esta cifra representa el 83.9 % del total de esta población. Estos datos están por encima de los que presenta la población no hablante de lengua indígena, además de ubicar a San Luis Potosí en el lugar 6 de los estados con mayor situación de empobrecimiento en su población indígena. (Perfil Sociodemográfico de la Población Indígena en el Estado de San Luis Potosí, Consejo Estatal de Población, 2018).

Desde hace más de 30 años se establecieron en la capital tres grupos indígenas; que, si bien son originarios de otros estados del país, no pierden sus formas de convivencia y han replicado sus comunidades y a sus autoridades, y no por ello dejan de tener derechos a la protección. Estas comunidades indígenas son la Mixteca Baja (ÑuuSavi), la comunidad Mazahua y la Triqui.

Existe un catálogo de Derechos Indígenas contenidos en varios instrumentos, desde tratados internacionales hasta leyes locales, pasando por la Constitución Federal y Local. Todos ellos concuerdan en varios puntos: que las comunidades indígenas o pueblos originarios o tribales (la denominación no difiere en nada sustancialmente) han sido históricamente excluidas por los Estados (o por quienes ostentaron el poder de decidir quién era valioso para la comunidad política y quién no y por ende se podía disponer de ellas y ellos) e incluso, en algunos casos, se ha buscado su desaparición, sea por prácticas de exterminio o por eliminación de sus prácticas culturales.

Existe una situación de desigualdad que impide a este sector poblacional disfrutar de los mismos derechos que el resto de la sociedad. Ante esto, los Estados tiene la obligación de garantizar el disfrute de todos los derechos sin que ello signifique una pérdida de su identidad indígena, por lo que ciertas acciones del Estado deben adecuarse a la forma de vida propia de las comunidades indígenas. Entre estos derechos está a la no discriminación, la autodeterminación de los pueblos y comunidades, los culturales a preservar y promover su lengua, formas de vida, de organización, sus sistemas normativos propios, a ser consultados en caso de decisiones estatales que afecten o pretendan realizarse en sus tierras o que afecten en su vida diaria (leyes, programas sociales, políticas públicas de desarrollo municipal), a la participación política en la vida pública, entre muchos otros.

Ejemplo de este Marco Legal Internacional y Nacional de Derechos son el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo 2 de la Constitución Federal, el artículo 9 de la Constitución Local, la Ley Reglamentaria del artículo 9 Constitucional Local (Sobre los Derechos y la Cultura Indígena), La Ley de Consulta Indígena Local, el Padrón de Comunidades Indígenas en el Estado De San Luis Potosí, el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, (que si bien no son ordenamientos jurídicos aportan información valiosa del contexto histórico-social y otros fungen como herramientas para quienes imparten justicia, de quienes depende, en última instancia, la eficacia de los derechos indígenas), por citar algunos de relevancia.

 

FUENTE: Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2019), datos internos.

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Hallazgos del mecanismo ciudadano de auditoría social al SEPASEVM

by admin

11 25, 2019 Notas de proyectos

Hallazgos del mecanismo ciudadano de auditoría social al SEPASEVM

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Del Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el Estado de San Luis Potosí realizado por el Laboratorio de investigación: Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis, A.C., se destacan los siguientes hallazgos que son un reflejo de la violenta situación actual en SLP:

Este diagnóstico fue un estudio de tipos y modalidades de violencia, siendo los de mayor índice la huasteca y la zona centro (sobre todo la capital del estado y Soledad). De las encuestadas, quienes han vivido al menos una vez alguna forma de violencia, son casi 9 de cada 10 mujeres.

El tipo de violencia más común fue la psicológica, continuando la sexual. En el ámbito de pareja, las manifestaciones de violencia más comentadas fueron: jalones, pellizcos y bofetadas (zona media); golpes y patadas fueron (zona centro); además de que las acciones de violencia más extrema, como el ser atada o agredida con armas, y violencia feminicida, se presentaron más en la zona media (10% de mujeres han sobrevivido estos ataques).

Sobre la violencia sexual, el hallazgo más común es que se realizan comentarios o piropos ofensivos sobre los cuerpos de las mujeres. También hay un alto índice de tocamientos o acercamientos lascivos, sobre todo en los transportes públicos y en el tránsito de los espacios públicos. Por lo tanto, se necesitan acciones muy concretas para incidir en camiones y transporte de las comunidades.

Otro indicador importante es el miedo de ser atacada, aunque no hayan vivido un ataque, de eso casi la cuarta parte de las encuestadas lo menciona como presente. Incluso la violencia es muy común dentro de los hogares. Los agresores más comúnmente son familiares y conocidos. Por ello es necesario incidir en los hombres e incluir acciones para sensibilizarlos. Los perfiles de agresores ahora son más complejos y peligrosos, por el consumo de sustancias psicoactivas y los grupos de delincuencia organizada.

Se destaca que 7 de cada 10 mujeres en los ámbitos comunitarios han dado a luz por cesárea, muy por encima de las recomendaciones internacionales de 3 de cada 10 mujeres. Incluso se les colocan métodos anticonceptivos sin consentimiento, o como condición para la atención médica.

En general, no hay posiciones que les garanticen un acceso total a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) para las mujeres. También hay una urgente necesidad de homologar el tipo penal del feminicidio que facilite su persecución, investigación y frenar la alta impunidad, como ejemplo, del 2011 a 2015 de todas las muertes violentas, solo 37 se investigan como feminicidio. La mayor parte de las víctimas son empleadas en lugares de comercio (bares, domésticas, comerciantes por catálogo, etc.), además de ser solteras.

Para paliar el problema, se han construido marcos o protocolos que no han dado los resultados esperados, además, los consejos ciudadanos no están concretando acciones, por lo que se necesita mucho la experiencia de trabajo con la sociedad civil informada. En la atención integral, se ven la necesidad de que sea en una sola ventanilla, para no revictimizar a quien acude a solicitar servicios.

Las instancias de atención reciben en su mayoría mujeres de la zona conurbada SLP-Soledad. Les faltan recursos e incluso hay que atender a los menores abusados que llegan con las mujeres. Es apremiante la necesidad de que el estado se articule con el modelo de refugio y no dejarlo solo en las organizaciones civiles.

La accesibilidad es otra gran dificultad, tanto física, de transporte, como cultural, pues las víctimas no quieren permanecer en el contexto lejano a sus agresores. Una de las cosas más críticas es la impunidad que queda de los tipos de violencia a las mujeres, el 73.5% ni siquiera pidió ayuda, manifestando la grave situación de normalización de la violencia.

La finalidad de este mecanismo de seguimiento es generar la calificación de la ciudadanía sobre el desempeño institucional del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (SEPASEVM). Pero hemos visto que muchas de las acciones reportadas por este sistema son usadas también para reportar resultados de la Alerta de Violencia de Género (AVG). Esta alerta es un mecanismo único en el mundo, que se implementa y se aprende sobre la marcha, más por la sociedad civil que por el gobierno, pues ellos se enfocan a la carrera política, y en ocasiones como la del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PEPASEVM), aprovechan acciones para marcar una duplicidad de resultados.

Las acciones de la Alerta de Violencia de Género (AVG) se ejecutan con presupuesto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), y muchas de ellas también son reportadas por el SEPASEVM que usa presupuesto del estado. Luego del análisis es posible ver que en efecto son las mismas o por lo menos los números que se reportan en ambas son muy similares. Se identifican duplicidades sin justificar la pertinencia. No hay un sentido de coordinación con las acciones de ambos mecanismos, la información que se tiene es necesario pedirla a través de transparencia, pues no se hace pública en el momento en que debería.

Además, han sido encontradas las siguientes coincidencias entre los resultados que se reportan en la AVG y en el (PEPASEVM):

Los botones de pánico: no han sido funcionales para seguridad, una acción que no tiene indicadores, ni de la que hay seguimiento.

Los módulos de atención inmediata a mujeres víctimas de violencia: para ello solo dice que se han fortalecido, pero también carece de una línea base y una medición.

La actualización del banco de datos que contienen casos de violencia contra las mujeres: en uno se reporta haber hecho capacitaciones de captura, en otro se habla de un taller de sensibilización para registros.

Las campañas para prevenir la violencia: se reporta de manera muy similar en la campaña de cero tolerancia, al igual que reportan la campaña alerta con todos los sentidos, o las actividades con el atlético de San Luis.

La creación de un programa de atención hacia hombres generadores de violencia con base en el modelo CONAVIM por parte de la AVG: no se reporta cumplir el modelo, solo menciona el perfil de funcionariado capacitado. El SEPASEVM se reporta un taller de reeducación a hombres violentos, algo muy similar.

El Mecanismo Ciudadano de Seguimiento al SEPASEVM, busca fortalecer la rendición de cuentas a partir de la auditoría social, además de participar y colaborar para alcanzar sus objetivos, aunque el gobierno no lo ve así. Es hora de dejar de ver a los comités ciudadanos como el enemigo, lo que se busca es democratizar los procesos políticos, ser un factor de transformación social y fortalecer las capacidades ciudadanas.

Son tiempos y fenómenos tan dinámicos, que el actuar gubernamental no puede responder en el momento al problema público, algo que puede hacer la sociedad civil más fácilmente. La administración pública sabe que no cumple, que simula, pero si no hay elementos válidos y evidencia, no hay manera en que les hagamos ver que no cumplen con sus funciones.

Hay una ausencia de seriedad en las instituciones públicas para tomar en cuenta las solicitudes de información de la ciudadanía, al igual que sus recomendaciones y propuestas. Esto señala de manera importante las prioridades y capacidades de las autoridades.

Es claro que, en el tema de violencia contra las mujeres, hay una falta de intencionalidad por parte de las estructuras de Gobierno, no es una prioridad y no hay una voluntad política. Es un reflejo del punto de vista nacional, donde tampoco es una prioridad, no se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo. El tema es algo importante pues se bajan recursos para ello.

 

Fuentes:

Del Estudio Diagnóstico sobre la Violencia Sexual contra las Mujeres y la Trata de personas en el Estado de San Luis Potosí (México) realizado en el año 2014, se extraen las siguientes recomendaciones:

Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el Estado de San Luis Potosí realizado por el Laboratorio de investigación: Género, Interculturalidad y Derechos Humanos de El Colegio de San Luis, A.C

Esta todo para consultarse en el sitio web. https://diagnosticoslp.colsan.edu.mx/ son más de 800 cuartillas con las bases de datos. Y , http://violenciageneroytrata.colsan.edu.mx/

De las acciones que se han encontrado como duplicadas. Fuentes – los informes del IMES del SEPASEVM 2018, y los reportes de CONAVIM de AVG del 2019.

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En Defensa del los Derechos de los pueblos y comunidades indígenas en San Luis Potosí

by admin

07 16, 2019 Notas de proyectos

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En Defensa del los Derechos de los pueblos y comunidades indígenas en San Luis Potosí

Un conflicto socio-legal entre el Gobierno del Estado y representantes de diversas comunidades indígenas por el reconocimiento a su derecho a la consulta se suscitó en San Luis Potosí durante el 2015. Tras algunos juicios, la justicia federal concedió la razón a la población indígena con respecto al derecho de ser considerados en la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. Este caso exhibió algunas de las violaciones a los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, que, si bien se cometen desde hace muchos años por parte de las autoridades estatales, en el contexto actual es más grave la vulneración a su esfera jurídica porque se cuenta con numerosos instrumentos legales que les reconocen derechos históricos.

En San Luis Potosí se cuenta con una legislación indigenista producto de reivindicaciones y luchas de los propios pueblos, la academia y la sociedad civil, quienes obtuvieron el reconocimiento normativo del derecho a la justicia y a la consulta previa. Pese a la existencia de leyes de derechos de cultura indígena, su aplicación es apenas incipiente.

El derecho a la participación política de los pueblos indígenas

Desde la conformación de los estados modernos constitucionales en América Latina, han existido numerosas tensiones por el reconocimiento diferenciado de derechos a los pueblos originarios. Las demandas de las comunidades al Estado suelen resumirse en su derecho a participar en la vida pública desde un enfoque propio, a partir de sus propias cosmovisiones, lo cual genera reticencia en los aparatos de gobierno que se orientan comúnmente por criterios liberales que presuponen igualdad jurídica y social entre todos los miembros de la sociedad. Recientemente, se ha incorporado la perspectiva intercultural a la legislación nacional, pero el llamado pluralismo jurídico es aún adyacente y no transversal, esto significa que las instituciones constitucionales reconocen la existencia de pueblos preexistentes, pero no les conceden los derechos aparejados a su condición histórica y cultural.

En San Luis Potosí, la ley establece que debe constituirse un Consejo Consultivo Indígena coadyuvante en el diseño y ejecución de las políticas públicas relacionadas con los pueblos originarios. También en la entidad existe un Padrón de Comunidades Indígenas que reconoce la presencia de más de trescientos asentamientos relativos en el territorio potosino y a cuyos habitantes les concede el derecho a participar tanto en el Consejo Consultivo en específico como en la determinación de los asuntos que les conciernen, en general.

Pero desde finales del 2017 no se ha integrado plenamente el Consejo Consultivo referido, lo que constituye una violación a los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas en el estado. La omisión puede ser subsanada a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) estipulado en la legislación electoral. La estrategia legal que se emprenderá parte de la base de asumir que los derechos políticos son primero derechos humanos y que deben ser especialmente protegidos cuando se trata de grupos poblacionales en situación de vulneración mayor, como suelen ser los pueblos indígenas.

Participación Política pueblos indígenas

Lenguas indígenas

Cultura indígena

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CONVOCATORIA PARA LA RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS

by admin

04 03, 2019 Notas de proyectos

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CONVOCATORIA PARA LA RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS

El Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias (ONDA) de México

CONVOCA a personas jóvenes, integrantes de colectivos juveniles, movimientos feministas y sociales, universitarios/as, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y académicos/as, a colaborar en su Revista de difusión:

Observária “Juventudes, Espacio Público y Derechos Humanos”
Edición 4, Año 2:

“Identidades políticas juveniles: la resistencia de América Latina
y su transformación en tiempos de COVID- 19”

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Convocatoria completa:

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La Reta … Deporte y acción para una vida mejor

by admin

08 03, 2018 Notas de proyectos, Programas y proyectos, Uncategorized

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La Reta, Deporte y Acción para una Vida Mejor es un espacio para converger, es un espacio de encuentro, se juega fútbol, se establecen relaciones de compañerismo, de aprendizaje y equitativas.

La Reta se nutre de las habilidades para la vida, del fútbol y de todas las personas que la han hecho posible.

Hablamos a nombre del equipo de Educiac, desde todo el agradecimiento que sentimos hacía quienes constituyen La Reta diariamente.

Hoy están tres generaciones de niños, niñas, jóvenes entre 11 y 17 años que de abril del año pasado a la fecha, han confiado y decidido hacer comunidad, acompañarse entre sí, saberse capaces, entrar a un proceso formativo, ponerse sus tenis, su camiseta y usar el balón.

Hicieron un espacio alternativo para imaginar otras formas de mirarse y construir colectivamente su opción fue venir, desplazarse y dotar de sentido a este espacio habitándolo jugando en él, pensándole desde sus propias habilidades, sabiéndose en el presente, haciendo futuro.

La Reta está hecha también por Paola, Iván y Carlos, sus promotores comunitarios. Con ellos este espacio se amaba y funcionaba, ocupan un lugar relevante en su tejido comunitario, confían más en sí mismos y se aproximaran a un espacio de participación distinta en el proceso siendo facilitadores.

Concepción ha sido vital para la dinámica con las y los jóvenes, ella se ha enfrentado a un proceso formativo importante, a su primera opción de empleo remunerado, que la hace además hacer y formar parte de esta comunidad, a promoverla y colaborar en ella.

El entrenador Hugo Olmedo acompaño y formo con toda su experiencia y empatía cada vez que se hacía una cancha colectivamente. Es y ha sido un referente para el trabajo en equipo entre las y los jóvenes. El enfoque que ha puesto esta centrado en formar más que a jugadores profesionales, formar personas y ciudadanas y ciudadanos. Su voz sigue escuchándose en el cancha.

Padres y Madres de familia han testificado lo que La Reta es capaz de producir. Su involucramiento ayuda a cuidar los espacios y necesidades que surgen para mejorar el lugar y las relaciones.

Desde Educación y Ciudadanía reconocemos y agradecemos el trabajo de Lupita, Ceci, Liliana, Iván, María y ahora Tere, porque nos ayudan a poner tierra y a mirar la vida de La Pila muy cerquita. A mirar la vida de sus jóvenes desde la propia experiencia. Gracias por hacerlo posible. Y a Lau y a Lupita Rico por el cuidado de los recurso y  entender desde allá y la oficina, la relevancia de esto para la vida.

El centro comunitario y el enlace con Jesús López del Departamento de Cultura y Deporte nos ponen en relación con lo importante que es contar con espacios para la vida de las personas jóvenes y lo importante que es el involucramiento de múltiples actores, poder utilizar este espacio ha significado llenarlo de vida con procesos relevantes para quienes habitan La Pila, mantenerlo abierto, es fundamental.

Agradecemos al Delegado de La Pila, José Elvira Piña y a quienes le anteceden y facilitan las gestiones.

La Reta ha sido tejida gracias al espacio de Cummins y a Global Giving, a su confianza, seguimiento, apuesta, y por facilitar la existencia de procesos en los que la vida comunitaria se pone en el centro y soñamos construir un mejor lugar.

Para Educiac, todo proceso comunitario nos hace aprender. Y de aquí, nos llevamos y quedamos con la claridad de que solamente es necesario activar espacios, dejarse permear, trabajar, porque la apuesta es por la vida, saber seguir poniendo sobre la mesa que las y los jóvenes, Ustedes Reta, son sujetos de derechos y eso es asumir que merecemos vivir una vida digna.

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La Reta, deporte y acción para una vida mejor

by admin

07 15, 2018 Notas de proyectos

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El programa “Reta, deporte y acción para una vida mejor”, implementado por Educación y Ciudadanía A.C.  ha dejado en Educiac un gran aprendizaje para futuros proyectos implementados en comunidad. Reta develó, desde el inicio del programa, que existe una gran necesidad por parte de las personas jóvenes de apropiarse de espacios públicos realizando actividades de su interés sin que haya restricciones, señalamientos o prejuicios por parte del resto de la sociedad. Este programa permitió a Educiac seguir en contacto directo con la comunidad, palpando por cuenta propia las necesidades y dinámicas sociales adversas en las cuales viven millones de jóvenes en el país.

Pudimos identificar que propiciar un espacio donde los jóvenes puedan hablar de sus ideas, sus puntos de vista respecto a lo que pasa en su alrededor, lo que viven en el día a día; un espacio para expresar emociones, desmitificar tabúes, donde es permitido hablar, opinar sin miedo a la censura y al prejuicio es fundamental para el desarrollo de un pensamiento crítico. Además de las habilidades que no se enseñan en el aula escolar, indispensables para hacer frente a los problemas que como seres humanos nos topamos todos los días, en todos los contextos donde se genere una interacción humana:  resolver conflictos priorizando el dialogo, lograr un objetivo trabajando en equipo, hablar con asertividad, expresar y manejar emociones.

Un espacio con estas características permitió deconstruir creencias erróneas sobre la participación de las mujeres en el futbol. Desde un inicio las academias de Reta se pensaron conformadas por hombres y mujeres, lo que dejó un crecimiento tanto personal como de habilidades futbolísticas en mujeres, reflejándose en un aumento en su autoestima, mejoraron su autoconcepto y las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres. A nivel futbolístico se logró conformar un equipo de mujeres, que participó en el torneo de la delegación, hecho que llamó mucho la atención de la comunidad, al no ser usual la participación de mujeres en este tipo de espacios, pues errónea y culturalmente se han designado sólo para los hombres.

Desde Educiac visualizamos a Reta como un espacio que siga siendo punto de encuentro para las juventudes de la Pila, que desde ahí sigan apostando a  un espacio plural, en donde quepan todas las opiniones y represente para sus integrantes un espacio de desarrollo integral que abone a la construcción de ciudadanía activa, comprometida con su comunidad y con lo que ocurre alrededor de ella.

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