La situación de la juventud en el país enfrenta condiciones de exclusión, discriminación y limitado acceso a servicios públicos como de salud y educación, sólo por mencionar algunos; esta situación que se traduce en un escenario con profundas problemáticas sociales de carácter público. El Estado entonces, dispone diversas acciones para intentar hacer frente a este escenario; sin embargo, éstas están lejos de brindar las condiciones necesarias para que la población joven se desarrolle de manera integral y acceda a una vida digna en el ejercicio pleno de sus derechos, como sujetos que son.

En la Evaluación transversal: políticas y programas para el desarrollo de la juventud (2012), realizada por Fundación Idea, en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), así como el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), se concluye que:

“Las políticas, leyes y programas para la juventud (en México) están diseñadas desde una mirada adulto-céntrica, caracterizada por una «visión parcial de las necesidades de este grupo» (Fundación Idea, 2012)

Dicha afirmación, se basa en que de las 106 acciones federales con las que en la actualidad se atiende a la población joven, sólo 17 pueden considerarse “buenas prácticas”, es decir, acciones con objetivos y lineamientos claros, así como con programas de monitoreo de resultados.

Lejos de solo quedarnos con dichos resultados, son éstos los que nos invitan a hacer una reflexión sobre la política pública en materia de juventud de una manera integral. Es decir, repensar la desde qué perspectiva se diseñan, implementan y evalúan los programas dirigidos a las juventudes, recuperando entonces, la importancia que tiene tomar en cuenta las necesidades sentidas por la población que se atiende y cómo se involucra en los mismos.

Se hace necesario entonces, prestar atención a los diversos procesos y fenómenos sociales del entramado en el que se encuentran insertas las juventudes. De modo que, las acciones que se propongan e implementen, sean coherentes con los contextos socio-culturales, se dispongan desde la participación ciudadana y se incorpore el trabajo de Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes desde hace varios años, se especializan en el trabajo directo con diferentes poblaciones y temas de interés público.

De nada sirve saber cuál es el resultado obtenido de una evaluación de política pública, si ésta no sirve para proponer y replantear nuevas formas, caminos y perspectivas, tomando en cuenta la mirada y voz joven durante todo el proceso.

Elaboró: Gladis Avalos
Fuentes:
Fundación Idea, UNFPA, IMJUVE (Abril 2013). Evaluación transversal: políticas y programas para el desarrollo de la juventud. Recuperado de:
http://www.fundacionidea.org.mx/assets/files/Anexo%204%20-%20Buenas%20practicas%20sobre%20politicas%20relevantes%20para%20el%20desarrollo%20de%20la%20juventud(1).pdf
Fuente de la imagen:
www.animalpolitico.com